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formen un Consejo Escolar que involucre a toda la
comunidad educativa: padres, madres, apoderados,
estudiantes, asistentes de la educación e incluso a los
sostenedores, quienes deben velar por la buena labor
de los centros educativos que tienen a cargo.
“No queremos que más niñas y niños nazcan con
alas rotas”, dijo el ministro Ávila citando a Pedro Le-
mebel, “queremos entregar las garantías para que
abran sus alas y logren volar libremente. Ese es nues-
tro compromiso como Estado”.
Antecedentes conceptuales e históricos
José Matías de la Fuente, cuya tragedia inspiró la
iniciativa legal mencionada, fue víctima de la “hete-
ronorma” de nuestra sociedad, que no aceptó que él
hiciera su transición, variando su identidad y expre-
sión de género.
Este es un problema mucho más amplio: la norma
social cultural dictamina lo femenino y lo masculino,
es decir, cómo debe comportarse la persona según
el conjunto de manifestaciones, expectativas y valo-
res que se le asocian a cada uno de los sexos, ya sea
hombre o mujer. Si alguien difiere, rompe esa con-
vención cultural y puede encontrar resistencia social
e intolerancia, como le sucedió a José Matías.
El término “trans” se utiliza para aquellas personas
cuya identidad sexual no coincide con el sexo que les
fue asignado al nacer. El término puede “cubrir varias
identidades sexuales y expresiones de género distin-
tas”, como lo señala la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales, entidad dedicada a investigaciones
Política Educativa
El Ministerio de Educación promueve
la Ley José Matías para disponer
de más instrumentos que obliguen
a los establecimientos escolares
a formar equipos de convivencia
multidisciplinarios efectivos y
también a contar con procedimientos
y reglamentos internos que protejan
a los estudiantes afectados por
agresión o actos violentos de tipo
homofóbicos sin revictimizarlos. Es
decir, que docentes y directivos estén
muy bien equipados para intervenir
en este tipo de situaciones.
y estudios de variados temas que atañen a jóvenes
que trabajan o estudian en países que pertenecen a
la Unión Europea y presta servicios de información y
orientación pública.
En 2020, esta organización realizó la mayor encues-
ta sobre experiencias de delito y odio hacia personas
LGBTI, con más de 140 mil participantes, quienes en
su gran mayoría acusaron que siguen viviendo con
miedo y en las sombras, por temor a ser ridiculiza-
dos, discriminados o incluso sufrir ataques. Es decir,
pese que ha habido algunos avances en su visibili-
dad y derechos, todavía sufren elevados niveles de
discriminación e intolerancia.
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