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Marcela Cubillos Sigall

Ministra de Educación

EDITORIAL

Durante la última década hemos sido

testigos de un número importante de

reformas educativas, muchas de las cuales

han apuntado a mejorar la calidad de la

educación – como la ley SAC y ley SEP –,

mientras otras han apuntado a modificar

aspectos meramente estructurales del

diseño institucional.

Con independencia de la motivación que

hay detrás de estas reformas, es indudable

que cada una de ellas ha modificado la

forma en que el Estado se relaciona con

la comunidad educativa. La cantidad de

interlocutores de las escuelas ha crecido

y con ello los requerimientos y solicitudes

que las instituciones les hacen se han

multiplicado.

Poco a poco, el lugar que sostenedores,

directores, docentes y familias deben

ocupar en las decisiones respecto de la

educación de sus estudiantes e hijos ha

sido paulatinamente ocupado por un Estado

idealizado, poco moderno e incapaz de dar

cumplimiento eficiente a lamagnitud de las

tareas que la legislación le asigna.

Lo anterior ha tenido como consecuencia

un aumento progresivo en la sobrecarga

administrativa de sostenedores y

equipos directivos que ha ido desviando

su atención desde lo pedagógico y

propiamente educativo a lo administrativo

y burocrático.

Solucionar el problema de la sobrecarga

administrativa es una condición necesaria

para entregar una educación de calidad a

todos los estudiantes de nuestro país.

TODOS AL AULA:

MENOS BUROCRACIA

MÁS CALIDAD

Sabemos que para resolver este problema

no basta la mirada de un par de asesores

encerrados entre cuatro paredes en una

oficina del MINEDUC. Es por ello que

en el trabajo de análisis se convocó a

representantes de toda la comunidad

educativa. Para estos efectos, durante el año

2018, impulsamos tres frentes de trabajo.

En primer lugar, convocamos una comisión

de 16 expertos del ámbito educacional

con el objetivo de elaborar un diagnóstico

general de las fuentes y causas de la

sobrecarga administrativa y así, delinear

posibles soluciones que permitan orientar

el trabajo del MINEDUC en esta materia.

Además, con el objetivo de generar una

instancia presencial en donde se recogiera

la visión de los principales actores de la

comunidad educativa, generamos instancias

de diálogo en todas las regiones del país,

convocando, en cada una, a docentes,

sostenedores y directores.

Por último, realizamos una consulta web a

los directores y sostenedores de las 12.000

escuelas del país.

Tomando los resultados del informe de la

comisión de expertos, y los resultados de

la consulta web y los diálogos regionales

se identificaron tres grandes temas que

ya empezamos a abordar y que dicen

relación con dar mayor flexibilidad al uso

de recursos SEP, modernizar los procesos

internos y externos que el MINEDUC lleva

con las escuelas y mejorar los procesos de

fiscalización, rendición y denuncia a cargo

de la Superintendencia de Educación.