El 22 de diciembre de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó esta ley para las instituciones de educación superior que presentan importantes irregularidades, que les impiden continuar con su proyecto educativo.

De esta manera, se entregan mayores facultades al Ministerio de Educación y al Estado frente a los resultados de las investigaciones que se realicen a instituciones de educación superior, con la finalidad de garantizar la continuidad de estudios de los jóvenes que se encuentran cursando alguna carrera técnica o profesional.