Reforma

Rodrigo Roco, secretario ejecutivo de Nueva Educación Pública del Mineduc: “HAY UN PLANTEAMIENTO MAYORITARIO DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES EDUCATIVAS RESPECTO A UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA”

21/09/16 por reveduc

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Con ocasión del Seminario Internacional: “Liderazgos para una Nueva Educación Pública”, organizado por LÍDERES EDUCATIVOS durante el mes de agosto y que tuvo lugar en Valparaíso y Santiago, Rodrigo Roco Fossa abordó el estado de situación del proyecto de Nueva Educación Pública. A continuación, una selección de lo que afirmó en su ponencia.

“Si bien este proceso de hacer un cambio institucional es un anhelo que el país ha señalado de manera clara y que ha sido puesto en la mesa de discusión con fuerza desde el pingüinazo del año 2006 -antes ya había señales en esa línea, hay que considerar que llevamos 10 años discutiéndolo o pensándolo-, todavía no hemos tomado la decisión. Ése es un punto sobre el que quiero ser tremendamente responsable. El país aún no ha tomado la decisión de dar este paso.

Acabamos de tener bastante éxito en la Cámara de Diputados, con un amplio apoyo dentro del espectro político -hubo cierta oposición también- al aprobar en primer trámite constitucional el proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública (Boletín 10368-04). Previo a haberlo mejorado, hubo una serie de indicaciones, incorporaciones que se hicieron muy importantes, pero falta todavía el segundo trámite constitucional que es en el Senado. Insistimos en este punto: el país no ha tomado aún la decisión desde el punto de vista político.

Veamos un poco el contexto. Quisiera mostrar la encuesta “La Voz de los Directores” (UDP, 2015): ver ppt aquí. Se tomó una muestra representativa de directores escolares de todo el sistema chileno, y se les pidió señalar cuáles serían los tres énfasis principales que habría que considerar para mejorar la calidad y equidad de la educación en Chile.

La pregunta exacta fue: “Con el fin de mejorar la educación en Chile, ¿cuáles de las siguientes medidas considera Ud. son las más importantes? Marque las tres más relevantes”. Algunos resultados:

73%: Mejorar la formación inicial docente.

52%: Crear una nueva Carrera Docente.

44% Mejorar los programas de formación continua de los docentes en ejercicio.

La Reforma justamente busca hacerse cargo de estos temas y lo va logrando, indudablemente en el entendido que es un proceso de construcción. No sólo hay que aprobar leyes, hay que implementarlas.

La Carrera Docente es un gran avance, pero no voy a entrar en detalle en eso. Simplemente quiero resaltar en qué contexto estamos.

El aumento de la subvención para la educación básica y media aparece con un 17%, pero hay otra barra que no aparece en este gráfico y que indica que casi un 40% de los directores opina que es sumamente necesario aumentar los recursos para el aprendizaje en las aulas y obviamente eso requiere financiamiento.

En el caso de la Ley Nº 20.845 de Inclusión, el aumento de la subvención significa más de 1.200 millones de dólares en régimen. Y si sumamos a eso los 2.300 millones de dólares de la Carrera Docente, vemos que la magnitud de los esfuerzos que el país está haciendo es bastante considerable.

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La Nueva Educación Pública

Hay un planteamiento mayoritario de nuestras familias, comunidades educativas y expertos, opiniones que son convergentes y consistentes en el tiempo, respecto a la necesidad de una nueva institucionalidad para la educación pública (por ej.: Encuestas CEP 2006, CIDE 2012, UDP 2015).

Pero insisto: ésta es una decisión que no está tomada. En la encuesta “La Voz de los Directores”, ellos se pronuncian respecto al punto que nos ocupa hoy y que tiene que ver con si hay que sacar a los establecimientos educacionales y su administración de los municipios (que son parte del Estado, con autonomía constitucional y financiera) y ubicarlos en otra estructura del Estado, que tenga un carácter especializado, foco único y un grado de dependencia importante con el nivel nacional, lo que no significa que todas las decisiones deban ser tomadas en Santiago.

Hay una unanimidad bastante importante, incluso en directores que no trabajan en el sector municipal (74% de directores del sector particular subvencionado y 63% del sector particular pagado están a favor de una nueva institucionalidad para la educación pública). Y si observamos a los directores y directoras de 49 años o menos, se llega al 87%; ése es el porcentaje que señala que debe existir este cambio de institucionalidad.

Por otra parte, veamos lo que ocurre hoy. Hay que considerar que es escasa la rendición de cuentas en el actual sistema. Los alcaldes no son evaluados por la ciudadanía por lo que ocurre o no en términos de calidad y equidad en el sistema escolar. Quizá son evaluados por otras cosas, por temas de empleo u otros, pero no por lo que ocurre en las aulas, lo que pasa con las políticas de desarrollo de los profesores, etc.

Otro punto relevante es que hay capacidades dispares e insuficientes. Hoy día estamos pagando una burocracia, hay una burocracia que funciona en el sistema de administración municipal que no es pequeña y que se paga con recursos de la subvención. El problema es que está mal distribuida, esos trabajadores no tienen muchas oportunidades de desarrollo y están bajo un esquema organizativo que los enclaustra. Y, por último: la atomización, lo que uno podría llamar una cercanía que no siempre es útil.

Finalmente, el diagnóstico nos lleva a que no tenemos un sistema y eso tiene una cierta gravedad para un país que tiene desafíos importantes desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza y de las oportunidades.

Por otro lado, esta idea que ahora tenemos de juntar distritos o municipios no es algo extraño. Acaba de ocurrir hace pocos años, el 2007 en Dinamarca, y en Japón se está planteando, disminuir casi a la mitad en los próximos años sus municipios. Canadá vivió un proceso destacable de consolidación de distritos escolares: tenían 3.000 en la provincia de Ontario y hoy día tienen 72. Y Ontario es uno de los Estados de ese país que tiene resultados en las pruebas internacionales similares a los de Finlandia, no sólo en términos de calidad, sino de equidad.

La VISIÓN de la nueva educación pública es ser el referente de un sistema educacional de provisión mixta, pero que asume ciertas características que la Reforma Educacional está buscando impulsar: inclusivo, equitativo y que se basa en una educación de excelencia para todos y todas.

La MISIÓN de la nueva educación pública es garantizar para todos los sectores sociales y en todo el territorio el acceso a una educación de calidad, laica, gratuita, pero que ofrezca sobre todo experiencias de aprendizaje significativas, diversas, pertinentes y contextualizadas, orientadas a la formación de personas y ciudadanos que se reconocen como iguales en dignidad y derechos.

El PROPÓSITO de la nueva educación pública es construir y consolidar un sistema con carácter local y nacional a la vez, expresado en la instalación gradual de una red moderna y articulada de servicios de educación pública con foco en potenciar las capacidades de las escuelas y sus comunidades educativas.

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¿Qué propone el proyecto de ley que crea en Chile el Sistema de Educación Pública?

En casi todos los sistemas del mundo, salvo algunas excepciones, existen ciertamente unidades básicas de gestión que, junto a las escuelas, son los responsables por los resultados educativos. Estos niveles intermedios son resortes de apoyo y acompañamiento sistemático, prolongado, a las escuelas, con focalización en aquellas que tienen más necesidades. En estos diferentes sistemas educacionales del mundo, hay diversos arreglos de gobernanza, no hay una receta única, pero hay un cierto criterio común: las unidades de gestión que tienen que apoyar de forma especializada a las escuelas lo deben hacer de manera integral y deben vincular lo técnico – pedagógico con lo administrativo. Una vinculación que en Chile no existe.

De la reforma de los 80 heredamos un esquema donde lo administrativo está en manos del municipio y lo técnico – pedagógico, en un nivel super – estructural. Es bastante obvio que si los especialistas discuten con un director de escuela y llegan a la conclusión que las necesidades de desarrollo profesional para los docentes de esa escuela son tales y cuales, y hay una línea de aconsejar en esa vía, pero los administrativos no están en concordancia con esa decisión o no dependen de ella, se nos produce un problema. Ésa es la tónica de todos los días en el sistema actual. Es lo que en la literatura chilena llamamos “el problema de la doble dependencia”.

Por otra parte, la legislación chilena de los últimos 30 años –en particular las reformas que hubo antes- ha estado muy focalizada en la escuela y no ha visto el sistema, no ha entendido a la escuela como parte de un sistema. Un ejemplo bien interesante es la lógica que hoy en día tiene JUNAEB, más allá de que eso es materia de cambios posteriores; ve a las escuelas casi como átomos. El tener un sistema nos permite enfrentar de mejor manera los problemas que hay en la escuela.

¿Cuál es el objetivo de todo esto? Crear un sistema articulado, donde el foco central son los establecimientos educacionales -porque son ellos los encargados de los aprendizajes y la formación de los estudiantes-, donde existe una agrupación territorial que tampoco es tan elevada. El sistema es supra – municipal, pero tampoco es provincial o regional, que sería una estructura demasiado lejana a la población local y a las escuelas.

Estos Servicios Locales de Educación Pública (SLE), que vienen a dar cuenta de la educación pública en un territorio, tienen ciertas características:

Primero, son descentralizados desde el punto de vista funcional y territorial. Ellos son los responsables de la provisión y gestión educativa en su territorio. Integran lo técnico-pedagógico y lo administrativo. No hay nada parecido a lo que conocimos hace algunos años como fue el PAC, donde las planificaciones incluso llegaban desde el nivel central a las salas de clase. No, aquí no hay nada parecido a eso. Los que definen y trabajan ese tipo de cosas son las escuelas en primer lugar, a través de sus equipos directivos y sus profesores, con el apoyo y el trabajo permanente con estos servicios territoriales que son los que se hacen cargo de la gestión educacional.

Segundo, están adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), pero hay un punto bien importante que avanza incluso en la reforma que tenemos de los servicios públicos: eliminar la posibilidad de remoción por pérdida de confianza. En otras palabras, estos directores o directoras de estos Servicios van a tener la característica de ser nombrados por el Presidente de la República, pero su remoción no va a poder ser por la simple pérdida de confianza de esta autoridad superior, sino que va a tener que ajustarse a los criterios establecidos en la ley (las causales de remoción) y al convenio de gestión educacional que estos directores o directoras suscriban.

Muy relevante: estos convenios van a romper en términos de horizonte temporal con los ciclos de cuatro años y se van a proyectar a seis años.

Aquí tenemos dos características centrales que buscan desacoplar la gestión educacional de los ciclos políticos (en el entendido que estamos en un contexto republicano y de democracia, aquí no se trata de generar unidades que no tengan relación con el gobierno ciudadano, que se expresa obviamente a través de las instituciones políticas que corresponden, en este caso, Presidencia de la República, gobiernos regionales, etc.)

¿De qué son responsables estos Servicios? De asegurar la provisión de educación y la gestión educativa en el territorio y de integrar para ello lo técnico, pedagógico, y administrativo.

Por último, existe dentro de este diseño la necesidad de un organismo central que cumpla un rol fundamentalmente de coordinación y de monitoreo. En relación a estos convenios a seis años, por ejemplo, la suscripción a éstos se hace con el nivel central, pero este nivel central no tiene una relación jerárquica respecto de los servicios en términos de su gestión (no los puede mandatar y decirles qué debe hacer en cada caso), sino que vela por la macro – gestión, por los macro – compromisos, que tienen que ver con los desafíos que se van comprometiendo en cada territorio de acuerdo a las necesidades del territorio, pero también a una visión nacional. Este Servicio tiene un carácter especializado, algunos ven en esto una tónica centralista y aparece esa leyenda de que todas las decisiones van a ser tomadas en Alameda 1171, y que para comprar un vidrio va a haber que pedir un oficio y llenar un permiso. La verdad es que eso, más allá de la caricatura que puede hacernos reír, puede llegar a ofender la inteligencia. Chile ya tiene soluciones administrativas para que eso no sea de esa manera.

El proyecto considera además un incremento sumamente importante en los recursos de uso directo que va a tener la escuela. Si estamos alejando un poco al gestor, le estamos dando una característica integral –lo técnico pedagógico con lo administrativo junto-, pero lo estamos subiendo un poco de escala, el otro pilar para que esto funcione es que las escuelas tengan capacidades mayores y puedan tomar mayores atribuciones en diversos ámbitos. Pero todos sabemos y la experiencia lo muestra que el sistema municipal no ha sido muy dado en producir esta delegación de atribuciones, a pesar de que la legislación chilena tiene herramientas para eso. Los estudios disponibles dicen que menos del 15% de municipios tienen estas prácticas de manera regular con sus establecimientos. Entonces, aquellos que dicen que mantenerse en la escala municipal es una garantía de que vamos a tener escuelas más empoderadas, eso no es así.

Sin embargo, en el esquema que se está planteando acá es central que la escuela adquiera un conjunto de capacidades para poder ejercer atribuciones, pero –y esto es muy importante- aquí no se trata de decirle a la escuela “mira, te las arreglas como puedas, ahí tienes tu presupuesto”. Tenemos realidades donde hay una enorme cantidad de directores que en vez de estar paseando por las salas, conversando con sus profesores, hablando de los temas técnico – pedagógico de la escuela, tienen que estar llenando planillas Excel para rendir a la Superintendencia. ¿Por qué? Porque su sostenedor no es capaz de ofrecerle o garantizarle el contable que debe tener ahí o que el equipo directivo esté completo para que pueda descansar de los temas administrativos. Son cosas que los chilenos hemos naturalizado harto, precisamente porque el sostenedor municipal ha sido débil. Y como llevamos 30 años de eso, la gente se imagina que tiene que ser así. Hemos visto que en varias zonas rurales nos dicen: “Ahora voy a tener que ir a buscar los materiales 50 km. más allá”. “Voy a tener que ir a buscar los materiales”, ¿qué es eso? Pensémoslo un segundo, desde el punto de vista del diseño de un sistema. Es el Servicio el que le tiene que llevar los materiales, no el profesor ir a buscarlos. Ese tipo de cuestiones, que se han naturalizado tanto en la práctica, son justamente las que hay vencer y entender que este nuevo Sistema tiene que servir para eso. Esto se hace en otras partes del mundo, no es imposible”.

La Dirección de Educación Pública (DEP) no es la que define si se compra el vidrio que hay que reparar. Es un servicio público especializado adscrito a ADP, encargado de coordinar y apoyar administrativamente a los Servicios Locales y de monitorear los convenios de gestión de sus Directores e impulsar la estrategia nacional de educación pública a 10 años. No interviene en la micro-gestión.

El proyecto considera también una serie de aspectos con los cuales se empodera a la comunidad escolar. Por ejemplo, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) pasan a ser instrumentos que son privativos de la escuela. Alguien dirá: “Hoy día hay varios municipios que lo hacen”, le dan a la escuela esa potestad, pero es opcional. Hay otros municipios donde viene una ATE (Servicios de Asistencia Técnico Pedagógica) y genera ciertos productos y se los entrega a la escuela, que ve qué hace con eso, muchas veces eso es simplemente un formalismo. Precisamente para que no sea un formalismo, es que hay esta entrega a la escuela de la tuición sobre estos instrumentos claves de la gestión educativa.

Otros aspectos son: la caja chica va a crecer a caja mediana, hay un 10% de la SEP, que son en régimen unos 60 mill. de dólares aproximadamente, que se van a distribuir, insisto, para uso directo en las escuelas, para que sean los equipos directivos los que definan en qué se gasta eso. Eso, para una escuela básica de 150 alumnos con 100% SEP, es cerca de 8 millones de pesos adicionales al año para definir en qué se puede gastar o no gastar de manera directa. Porque el otro 90% de la SEP está definido en el Plan de Mejoramiento Educativo y ese plan también lo define el director, lo que pasa es que no es él necesariamente, depende de las delegaciones que se hagan allí, el que va a estar preocupado de los convenios y la gestión administrativa porque eso lo tiene que hacer su gestor, su sostenedor. Para eso la escuela es parte de un Servicio y de un Sistema.

Otro punto a destacar es que se releva el rol de los Consejos Escolares. Se les dan atribuciones resolutivas en temas claves de manera tal que las comunidades educativas se responsabilicen mucho más. Por ejemplo, en la definición y sanción del reglamento interno del establecimiento educacional, la definición del calendario anual de actividades extra-programáticas, la participación explícita en el PEI y el PME.

El Consejo de Profesores aparece definido nítidamente en atribuciones y funciones en este proyecto de ley (adoptará decisiones en materias técnico-pedagógicas). Esto es el resultado del trabajo que hubo el año pasado con la directiva del Colegio de Profesores en la “Mesa de Agobio”, que se dio en el contexto de los compromisos de la carrera docente y aquí hay una idea de relevar estos organismos en su rol crucial en la escuela.

¿Qué prefigura esto desde el punto de vista más sistémico? Lo que podríamos llamar una doble rendición de cuentas (traducción de lo que en EE.UU. se llama “accountability”), pero esto tiene una connotación de control, es mejor hablar de responsabilización. Y como bien decía Carmen Montecinos (directora ejecutiva de Líderes Educativos) en una carta publicada recientemente en un diario, esto de responsabilizarse no puede ser sólo de los profesores  o de las familias o de los directores de las escuelas o del director del Servicio, sino también del Ministerio de Educación, la Subsecretaría y ciertamente de toda la estructura política institucional que el país tiene para tomar decisiones en educación, es decir, nuestros parlamentarios y autoridades en general. Aquí tiene que haber un sistema donde todos vayan dando cuenta de sus respectivas responsabilidades y existan reciprocidades”.

PPT con la presentación de Rodrigo Roco en el Seminario Internacional: “Liderazgos para una Nueva Educación Pública”, organizado por LÍDERES EDUCATIVOS: AQUÍ

Proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública: AQUÍ

 

 

 

 

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