Ministerio de Educación: aniversario N° 183
El 30 de noviembre de 1927 se dictó la Tercera Ley de Ministerios (Decreto con Fuerza de Ley o DFL Nº 7.912), que creó el “Ministerio de Educación Pública”. Pero ya en febrero de 1837, en el gobierno de José Joaquín Prieto, se dictó la Primera Ley Orgánica de Ministerios, que dio lugar al Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, encabezado por Diego Portales.
El 30 de noviembre de 1927 se dictó la Tercera Ley de Ministerios (Decreto con Fuerza de Ley o DFL Nº 7.912), que creó el “Ministerio de Educación Pública”. Pero ya en febrero de 1837, en el gobierno de José Joaquín Prieto (18 de septiembre de 1831 – 18 de septiembre de 1841), se dictó la Primera Ley Orgánica de Ministerios, que dio lugar al Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, encabezado por Diego Portales. Él en la práctica fue el primer ministro de Educación –en estricto rigor, de Justicia, Culto e Instrucción Pública- que tuvo el país.
La instrucción en Chile a principios del siglo XIX
El primer intento por organizar la educación nacional en torno a una estructura centralizada y única fue en 1823. “El gobierno ordenó abrir un Instituto Normal en Santiago, del cual dependerían todos los establecimientos escolares. Además se creó el cargo de Superintendente General de Instrucción, que respondería al gobierno de la marcha de la educación. Pero esto nunca se puso en funcionamiento”.[i]
En 1825 se estableció un Tribunal de Instrucción cuya tarea era crear escuelas de primeras letras para ambos sexos. Y al año siguiente se creó una Junta de Instrucción que, siguiendo la idea del Instituto Normal, debía visitar las escuelas y mejorarlas.
Por primera vez, “en 1828 se señaló que alguno de los ministerios existentes debía encargarse de la administración de la Instrucción”[ii]. La misión recayó en el Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores que, tal como su nombre lo indica, tenía una amplia cantidad de funciones.
Cuando años más tarde, en 1835, Diego Portales asume el Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores, de esa cartera dependía la Sección de Instrucción que hasta ese momento no tenía rango de Ministerio.
Cambios impulsados por la Constitución de 1833
Por primera vez, con la Constitución de 1833 la educación en Chile comenzó a ser considerada una función de Estado. El artículo 153 señaló que la “instrucción pública” debía ser “atención preferente del gobierno”, que el Congreso formaría “un plan general de educación nacional”, que nunca se concretó, y que el ministro correspondiente daría cuenta anualmente del estado de ella en toda la República.
El artículo 154 ordenó la creación de una “Superintendencia de Educación Pública”, a la que se le entregó la inspección de la enseñanza nacional. Pero, “a pesar de ser mandato constitucional, pasó más de un siglo antes que se creara”.[iii]
Además, esta Constitución estableció que “correspondería a las municipalidades en sus territorios promover la educación, cuidar de las escuelas y demás establecimientos de instrucción que se paguen con fondos municipales. Por lo que en el país hubo tres tipos de escuelas: públicas, municipales y conventuales (a cargo de los conventos)”[iv].
- Primera Ley Orgánica de Ministerios
¿A partir de qué momento surge el Ministerio de Educación? Para responder a esta pregunta es necesario remontarse al 1º de febrero de 1837. En esa fecha, y en el gobierno de José Joaquín Prieto (18 de septiembre de 1831 – 18 de septiembre de 1841), se dictó la primera Ley Orgánica de Ministerios.
A partir de ese momento, el gobierno se organizó en cuatro ministerios: a) Interior y Relaciones Exteriores, b) Justicia, Culto e Instrucción Pública c) Hacienda y d) Guerra y Marina. Es decir, la instrucción –como se llamaba en ese entonces a la educación- quedó en manos del ministro de Justicia.
Diego Portales: Primer ministro de Educación
Él fue en estricto rigor el primer ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública que tuvo el país, hasta el año de su muerte el 6 de junio de 1837. Esto ocurrió durante el gobierno de José Joaquín Prieto.
Un documento firmado en febrero de 1837 por Diego Portales detalla cuáles serían las funciones de la cartera de Justicia, Culto e Instrucción Pública:
“Promover y dirigir la instrucción y educación pública en toda la República; la inspección sobre todos los establecimientos de educación que existieren en el territorio de la República; la dirección, economía, policía y fomento de los establecimientos de educación, costeados con fondos nacionales o municipales; la autorización para abrir colegios, pensiones y demás instituciones de educación, en los casos en que fuere necesaria; la creación y conservación de los museos y bibliotecas públicas y de los depósitos literarios y de bellas artes; todo lo concerniente a las sociedades científicas, literarias o de bellas artes; todo lo relativo a viajes y expediciones científicas, introducción de literatos, profesores y grandes artistas en el país; todo lo relativo a imprentas, diarios, periódicos, revisión e introducción de libros, u otros objetos pertenecientes a ciencias o bellas artes, en el territorio de la República; los socorros, recompensas y pensiones que el Gobierno hallare conveniente conceder a los profesores públicos o particulares y demás literatos, por los servicios que hubiesen prestado en obsequio de la instrucción pública; la correspondencia con las universidades, colegios, sociedades o establecimientos científicos, y demás funcionarios y autoridades de la República, sobre objetos relativos a la instrucción pública.[v]
De allí se desprende, tal como han destacado algunos historiadores, que Diego Portales:
- Al pedir que se informe de la creación del Ministerio: pone la educación en el debate.
- Al destacar que la instrucción debe llegar a los más pobres en todos los rincones del país: pone el acento en la cobertura.
- Al informar que se están estudiando métodos y reglamentos para la formación de maestros: pone el acento en la calidad.
El 15 de febrero de 1837, cuando Diego Portales aún era ministro de Educación, se firmó un Decreto con los requisitos de ingreso a esa repartición pública, que señalaba: “Para alcanzar la calidad de Empleado Público se requiere estar instruido en gramática y ortografía castellana y en la Constitución del Estado, y algunas de las principales lenguas vivas de Europa”.
A su muerte, fue sucedido por Joaquín Tocornal Jiménez (1837) y Mariano Egaña Fabres (1837-1840).
La primera Superintendencia
Uno de los hitos más significativos de la naciente República fue la fundación de la Universidad de Chile, en 1842. Estaba formada por cinco facultades: Filosofía y Humanidades, Leyes y Ciencias Políticas, Ciencias Matemáticas y Física, Medicina y Teología. Además, tenía una academia especial de Ciencias Sagradas.
La ley que creó la Universidad de Chile (promulgada el 19 de noviembre de 1842) estableció que la Facultad de Filosofía y Humanidades estaría a cargo de la dirección de las escuelas primarias fiscales. Debía proponer al gobierno las medidas para corregir las deficiencias observadas y confeccionar estadísticas. También debía encargarse de los textos de estudio que allí se utilicen.
Asimismo, tendría la tarea de promover la enseñanza de la filosofía y humanidades en los institutos y colegios nacionales de Chile, es decir, a nivel de la enseñanza secundaria.
Para que todo eso fuera posible la Universidad creó el “Consejo Universitario”, compuesto de 9 miembros: el Rector, cinco Decanos, dos representantes del Presidente de la República y el secretario general de la Universidad. “De este modo las funciones de superintendencia ordenadas por la Constitución de 1833, fueron entregadas al Consejo de la Universidad”.[vi]
El 23 de abril de 1844 se dictó un reglamento, que asignó atribuciones de dirección, inspección y jurisdicción al Consejo Universitario. “Por sus atribuciones de inspección, debía visitar cada tres meses los colegios y escuelas primarias públicas y particulares. Por sus atribuciones de jurisdicción debía hacer ejecutar sus decisiones y corregir las deficiencias observadas. Podía suspender y exonerar maestros (…)”.[vii]
Pero a pesar de todos los esfuerzos, la falta de presupuesto y las comunicaciones poco desarrolladas de la época impidieron al Consejo Universitario cumplir bien con las tareas encomendadas.
Visitadores Provinciales de Instrucción Primaria
Ante el fracaso mencionado, se decidió cambiar este tipo de supervisión por un sistema de inspección. Y es así como en 1846 se nombró al primer visitador, José Dolores Bustos.
Luego fueron designados José Bernardo Suárez, Blas Roldán, Tomás Jiménez, José Santos Rojas, Manuel Salas. Todos ellos de las primeras promociones de la Escuela Normal.
Ley General de Instrucción Primaria
El 24 de noviembre de 1860 se promulgó la Ley General de Instrucción Primaria de Educación, siendo Presidente de Chile Manuel Montt y Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Rafael Sotomayor. Con su publicación, culminó una década de debate sobre la educación primaria en Chile.
Fue un hito legislativo y político. Esta ley estableció que la escuela pública, fiscal o municipal, era gratuita y que el financiamiento sería principalmente fiscal y municipal y abarcaría no solo el sueldo de los preceptores, sino la construcción, arriendo o adquisición de los locales, los textos de estudio y la formación y fomento de bibliotecas populares.
Asimismo, creó una Inspección de Instrucción Primaria con el rol de superintendencia, es decir, que “vigile y dirige la instrucción primaria en toda la República”[viii]. Estaría formada por el Inspector General, nombrado por el Presidente de la República, y un visitador de escuelas para cada una de las provincias del Estado a propuesta del Inspector General.
El primer Inspector fue Adolfo Larenas, quien se concentró en establecer la estructura administrativa, definiendo los reglamentos y la distribución de los recursos.
En 1863 se dictó el Reglamento General de Instrucción Primaria, pero estableció que las escuelas con menos de 25 alumnos debían cerrarse lo cual produjo reiterados reclamos de diversas autoridades locales.
El Consejo de Instrucción Pública
La Ley de Instrucción Pública y Superior –dictada el 9 de enero de 1879 y vigente hasta 1931- reformuló la educación secundaria y superior. Y reforzó los dos pilares ya existentes: la gratuidad de todos los niveles de enseñanza y la existencia de una Superintendencia de la enseñanza secundaria y superior fiscal, tarea que se encomendó al recién creado Consejo de Instrucción Pública (desde 1842 había cumplido estas funciones su antecesor, el Consejo Universitario).
Este Consejo tuvo la misión de dictar los planes de estudios y el régimen interior de los establecimientos públicos de enseñanza; de determinar las pruebas finales para obtener grados universitarios; de intervenir en el nombramiento, destitución o supresión de sus profesores. Incluso tenía que preocuparse de la moralidad, higiene y seguridad de los alumnos y empleados.
Del nuevo Consejo pasaron a depender los liceos fiscales de hombres, el Instituto Nacional y el Instituto Pedagógico.
2. Segunda Ley de Ministerios
El 21 de junio de 1887, durante la presidencia de José Manuel Balmaceda, se dictó la Segunda Ley de Ministerios, que reorganizó los departamentos de Estado existentes hasta esa época, estableciendo los siguientes: Interior; Relaciones Exteriores y Culto; Justicia e Instrucción Pública; Hacienda; Guerra; y Marina. Además, se creó el de Industria y Obras Públicas.
Allí se señalaba que entre las funciones del ministerio de Justicia e Instrucción Pública, se encontraban: “El desarrollo y fomento de la instrucción y educación públicas; lo relativo a la dirección, economía, policía y fomento de los establecimientos de educación costeados con fondos nacionales o municipales que no han sido atribuidos especialmente a otro Departamento, y la supervigilancia sobre todos los demás; la creación y conservación de los museos, bibliotecas públicas, observatorios astronómicos y meteorológicos, y de los depósitos literarios y de bellas artes”.
Del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública dependía la Instrucción Primaria, a cargo del Inspector General; las Escuelas Normales y los liceos de niñas.
Comisión de Instrucción Primaria
En 1892 comenzó a funcionar la Comisión de Instrucción Primaria, que proponía al gobierno medidas concretas tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza. Era impulsada por José Abelardo Núñez, abogado que siempre estuvo ligado al ámbito de la educación. Es interesante recordar que en 1879 él fue comisionado por el gobierno chileno para analizar los métodos de enseñanza primaria y secundaria en EE.UU. y varios países de Europa, retornando en 1882. Fue justamente producto de esos viajes que publicó su libro “Organización de las Escuelas Normales”. También fue Inspector General de las Escuelas Normales.
Una vez que José Abelardo Núñez jubiló en 1897, la Comisión se disolvió. Fue sustituida por el Consejo de Instrucción Primaria, pero hacia 1915 éste ya no funcionaba.
En diciembre de 1899 la Ley Nº 1.296 separó al Ministerio de Instrucción Pública del de Justicia, aunque ambos estaban a cargo de un mismo ministro.
Ley de Instrucción Primaria Obligatoria
El 26 de agosto de 1920 tuvo lugar un avance crucial: La Ley Nº 3.654, de Instrucción Primaria Obligatoria, aprobada por el Presidente Juan Luis Sanfuentes, que señaló: “La educación primaria es obligatoria. La que se dé bajo la dirección del Estado y de las Municipalidades será gratuita y comprenderá a las personas de uno y otro sexo”.
A partir de esta ley, los padres estaban obligados a hacer que sus hijos frecuenten, durante 4 años a lo menos, y antes de que cumplan los 13 años de edad, un establecimiento de educación primaria fiscal, municipal o particular. Incluso se señalaba que los “los menores que hubieren cumplido 13 años sin haber adquirido los conocimientos de los dos primeros grados de la educación primaria, deberán seguir asistiendo a una escuela hasta ser aprobados en las pruebas reglamentarias anuales, o hasta cumplir 15 años de edad. Si obtienen alguna ocupación de carácter permanente continuarán sometidos a esta obligación hasta los 16 años de edad, debiendo satisfacerla en alguna escuela suplementaria o complementaria”.
Además, se estableció que existiría en cada comuna una Junta de Educación –formada por cinco miembros, dos elegidos por el Consejo de Educación Primaria y tres por la Municipalidad de la comuna-, cuya tarea, básicamente, sería elaborar anualmente un censo escolar de la comuna para anotar a los niños sujetos a esta obligación, y detallar dónde y en qué forma reciben su educación; inscribir anualmente a todos quienes deben asistir a las escuelas; conocer en terreno las condiciones en que trabajan los menores de 16 años en fábricas y talleres y comprobar que han cumplido con sus obligaciones escolares; entre otras. Incluso podrá adoptar, por mayoría de los asistentes, “las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, dando cuenta al Consejo de Educación Primaria de las omisiones en que incurriere el director de la escuela y que no hubieren sido corregidas oportunamente por el visitador”.
Estas Juntas eran el brazo ejecutivo del nuevo Consejo de Educación que funcionaba en Santiago dentro del Ministerio, para apoyar al director general de Instrucción Primaria. Pero tuvieron serias complicaciones para ejercer la misión que se les había encomendado, pues la tarea era enorme y a veces necesitaban incluso recurrir a las policías locales para lograr que los padres llevasen a sus hijos a la escuela y que ésta les abriese sus puertas.
La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria se dictó en medio de un período caracterizado por el crecimiento sostenido de la cobertura en ese nivel. “Entre 1880 y 1930, las escuelas públicas quintuplicaron su número (de 620 a 3.177), mientras las particulares se mantuvieron estables (en torno a las 500). La matrícula fiscal se incrementó nueve veces (de 48.794 a 458.953 alumnos), impactando sustancialmente sobre el ritmo de expansión de la cobertura, entendida como el número de niños matriculados con respecto a la población en edad escolar. Esta relación (la tasa de escolarización general) se elevó desde un 16% a un 63,3%. El salto es de proporciones si además se compara con los años fundacionales del sistema primario, cuando menos de un 10% de los menores llegaba a una escuela”.[ix]
De hecho, entre 1900 y 1910 se abrieron 1.252 escuelas primarias públicas y la matrícula de niños y niñas subió de 115.281 a 258.640. Es decir, “143.359 niños ingresaron al sistema, diez veces más de los que se habían incorporado entre 1890 y 1900”.[x]
En 1920, cuando finalmente se promulgó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, 389.912 niños y niñas estaban matriculados en la educación primaria en algún tipo de establecimiento. Cinco años después, más de 500.000 se encontraban en esa situación. Y en la educación pública, esas cifras eran del orden de 346.386 y 439.937, respectivamente.[xi]
Un dato interesante: En 1930 más de 237.000 niñas asistían a escuelas primarias públicas (54,2% del total de niñas en edad escolar de 6 a 14 años), muchas más que las 4.297 que lo hacían en 1854 (3,1%).[xii]
Ministerio de Instrucción Pública reconquista sus atribuciones
Un hecho que vale la pena destacar: en abril de 1927 las facultades relativas al sistema educativo que hasta entonces se habían otorgado a diversas instituciones como la Universidad de Chile, el Consejo de Instrucción Primaria y el de Instrucción Pública, volvieron a manos del Ministerio de Instrucción Pública. Específicamente a los directores de Enseñanza Pedagógica y Educación Secundaria y a los recién creados directores de Educación Primaria y de Educación Comercial.
En mayo de ese mismo año se creó la Superintendencia de Educación Nacional –ya se habían hecho otros intentos previamente-, la cual sería presidida por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública. Y el 10 de diciembre, el DL (Decreto Ley) Nº 7.500 dejaba claro que el Ministerio y la Superintendencia constituían la autoridad superior, administrativa y técnica de toda la educación nacional.
3. Tercera Ley de Ministerios: Creación del “Ministerio de Educación Pública”
El 30 de noviembre de 1927 se dictó la Tercera Ley de Ministerios (Decreto con Fuerza de Ley o DFL Nº 7.912), que creó el “Ministerio de Educación Pública”. Se estableció también que existirían los siguientes Ministerios: Interior; Relaciones Exteriores; Hacienda; Justicia; Guerra; Marina; Fomento, y Bienestar Social.
En el art. 5°, se señaló: ”Corresponde al Ministerio de Educación Pública: a) La administración y superintendencia de la educación del Estado, su fomento y desarrollo y la fiscalización de la enseñanza particular; b) El sostenimiento de las Universidades, Liceos, Institutos, Escuelas, Bibliotecas, Archivos, Museos, Observatorios Astronómicos, Sismológicos y Meteorológicos; c) Las relaciones con los colegios particulares; d) El fomento y desarrollo de las bellas artes, de la música, las letras y de la cultura general del país; e) La propiedad intelectual; f) La relación de la función educacional con las diversas actividades del país; g) Lo relativo a la conservación de los monumentos nacionales”.
La primera persona que asumió como “Ministro de Educación Pública”, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, fue el dramaturgo y novelista chileno Juan Eduardo Barrios Hudtwalcker, quien estuvo en ese puesto hasta 1929.
Después de la caída de Ibánez se retiró al campo, donde continuó dedicado a su pasión: escribir. En 1946 recibió el Premio Nacional de Literatura y en 1948 publicó uno de sus libros más reconocidos, “Gran señor y rajadiablos”, en el que retrata la vida del campo chileno.
Un año más tarde, la Universidad de Concepción le otorgó el Premio Atenea. En 1953 fue incorporado a la Academia Chilena de la Lengua y fue designado director de la Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos), puesto que ocupó hasta 1960. En todo caso no era primera vez que asumía ese cargo, ya lo ejerció entre 1927 y 1931.
Pedro Aguirre Cerda: “Gobernar es Educar”
Sucederían a Ibáñez en la primera magistratura, elegidos por votación popular: Juan Esteban Montero, Arturo Alessandri y Pedro Aguirre Cerda.
Profesor de castellano y filosofía en la Universidad de Chile y abogado de la misma casa de estudios, Pedro Aguirre Cerda fue profesor de Educación Cívica, Castellano y Filosofía en la Escuela de Suboficiales del Ejército, en el Liceo Barros Borgoño y en el Instituto Nacional. En 1918 fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública por el Presidente Juan Luis Sanfuentes, cargo que ejerció entre el 18 de enero y el 6 de septiembre de 1918, y desde el cual se preocupó especialmente de impulsar la Ley de Instrucción Primaria y de mejorar el nivel económico del Magisterio.
En 1921 fue elegido senador por Concepción e integró la Comisión Permanente de Instrucción Pública. Y el 25 de octubre de 1938, bajo el lema “Gobernar es Educar”, fue electo como Presidente de Chile. No sólo se preocupó de recibir y apoyar a los refugiados de la Guerra Civil Española, que arribaron en el barco Winnipeg a Valparaíso el 3 de septiembre de 1939. Él puso especial énfasis en combatir la pobreza de su pueblo y fomentar la educación.
En su discurso presidencial del 21 de mayo de 1939 señaló:
”Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud es necesario que sea: gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza; única, en el sentido de que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares; obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social; laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el período formativo”.
Durante su corto gobierno –falleció el 25 de noviembre de 1941- se preocupó especialmente de la expansión de la instrucción primaria, con la construcción de más de 500 escuelas y casi sextuplicando el número de alumnos matriculados.
Además, creó más de 3.000 plazas de maestros. Y atendiendo a la necesidad de aumentar la capacidad de producción del país fomentó la educación técnica, industrial y minera, fundando numerosas escuelas especializadas.
A nivel institucional, la estructura del Ministerio no sufrió grandes cambios en este período. Tampoco posteriormente, durante los gobiernos de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Recién en la década de los 50 comenzaron a dictarse algunos decretos con fuerza de ley como el Nº 246 que organizó administrativa y técnicamente a la Subsecretaría, las Direcciones Generales y los Servicios dependientes y el Nº 104 que dio a la Superintendencia el carácter de organismo técnico y de planeamiento asesor del Ministro.
Interesante resulta destacar que, en 1945, durante el gobierno del Presidente Juan Antonio Ríos, se creó la “Comisión de Renovación Gradual de la Educación Secundaria”, formada por Irma Salas, colabora de la Revista de Educación e hija de Darío Salas, quien la presidió, Ana Novoa, Martín Bunster, Daniel Navea, Arturo Piga y Oscar Vera. Su tarea era proponer al gobierno un Plan de Renovación de la Educación Secundaria y así lo hicieron. De hecho, este Plan apuntaba a la renovación pedagógica, a resolver urgentes necesidades sociales y a ampliar las oportunidades de acceder a la educación secundaria. Se aplicó inicialmente en 10 liceos del país: siete que ya existían y tres nuevos que se crearon en Santiago especialmente para este proyecto: el Gabriela Mistral, en el barrio Independencia; el Juan Antonio Ríos, en Quinta Normal y el Liceo Darío Salas en Av. España, al igual que el Liceo Nº 6 de Niñas, en el barrio Matadero. “A poco andar abandonaron el plan algunos de los establecimientos iniciales y finalmente participaron en la experimentación, además de los liceos nombrados, los de niñas de Antofagasta y Concepción y el coeducacional de Quilpué”.[xiii]
Frei y la Reforma Educacional de 1965
El Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, se preocupó en forma prioritaria de la educación. Por esta razón, a sólo 15 días de asumir su gobierno, dio los primeros pasos para poner en marcha “El Plan Extraordinario de Educación”, que promovía cambios profundos con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente la educación pública.
Es decir, previo a la Reforma de 1965 instauró una suerte de programa de emergencia, que se inició en diciembre de 1964 con la realización de un censo escolar que reveló una demanda real de matrícula de 186 mil niños. Para atender esas necesidades, implementó “un plan de construcción de 6.000 aulas en 1.535 escuelas; un curso de formación acelerada de maestros primarios que atendió a 2.700 aspirantes, a los que se sumaron los egresados de los cursos regulares de formación y los reincorporados al servicio, para totalizar 5.000 nuevos maestros; y un plan de equipamiento escolar que incluía la correspondiente dotación de mobiliario, textos, útiles y elementos de asistencialidad escolar”.[xiv]
Es en ese contexto que surgió la “Reforma Educacional de 1965” (Decreto Nº 27.952), que estableció que a contar de 1966 se aplicaría en forma gradual en los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación Pública y los de la Educación Particular un sistema de educación regular que comprenderá los siguientes niveles: Educación Parvularia; Educación General Básica de nueve años de duración (en una primera etapa de ocho años), común para todos los niños entre 7 y 15 años, aunque también se permite ingresar a los menores de 6 años; Educación Media con cuatro años de duración, con modalidad científica-humanista y técnico-profesional; y Educación Superior.
Uno de los principales objetivos de la Reforma era ampliar la cobertura escolar. Y con el propósito de impulsarla y apoyarla, el Ministro de Educación Pública, Juan Gómez Millas, y el subsecretario de esa cartera Patricio Rojas, en coordinación con la máxima autoridad del Estado crearon el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) que, por supuesto, dependería de este Ministerio.
Así nació el CPEIP, por Ley Nº 16.617, el 31 de enero de 1967. Esta institución, que continúa vigente, concentró las diversas actividades de perfeccionamiento docente que existían en la época y desarrolló nuevas líneas en esa área. La idea era impregnar a la mayor cantidad posible de maestros en los nuevos principios pedagógicos que impulsaba la Reforma de 1965. Además, se dio mucha importancia a la formación y perfeccionamiento de los equipos directivos de las escuelas y liceos, pues en esa época se abrieron muchos establecimientos educativos y se necesitaba personal a cargo de los mismos.
El perfeccionamiento de personal técnico para el Ministerio de Educación fue otra de las tareas relevantes para el CPEIP. “Para ello se firmaron convenios de asistencia y recursos con diversas instituciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unesco, la Fundación Ford, Naciones Unidas y centros educacionales de otros países, como el del Instituto de Sévres de París (Francia). La educación necesitaba tener expertos importantes para su conducción a nivel del sistema, tanto en Chile como en el resto de los países latinoamericanos; por lo mismo, en el Centro se efectuaban cursos para preparar expertos en planeamiento de la educación, administradores, supervisores y otros especialistas con participación de alumnos y profesores de todo el continente. Chile se convertía, a través del CPEIP, en uno de los centros educacionales más importantes de la Región: llegaban profesores-alumnos provenientes de Costa Rica, Paraguay, Perú, Argentina, Panamá, Cuba, etc. a pasantías en nuestro país. Se efectuaba, a su vez, intercambio de expertos, becarios y materiales entre las diferentes instituciones del continente y de organismos internacionales especializados en educación”.[xv]
De 1967 a 1970, el CPEIP perfeccionó a 76.000 docentes en todo el país (tanto de Enseñanza Básica como docentes del sector Científico-Humanista y Técnico-Profesional), a través del Programa Nacional de Perfeccionamiento del Profesorado.[xvi]
En relación con los avances producto de la Reforma Educacional del 65, en 1970 el ministro de Educación Máximo Pacheco, en la inauguración del año escolar, destacó: “Durante este período la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales ha construido 3.000 modernos locales escolares, especialmente en zonas rurales, lo que ha contribuido a democratizar la enseñanza”, “el 95% de los niños en edad escolar tiene hoy acceso a la educación básica; el incremento del alumnado en este nivel es del 48%, en la educación secundaria del 117%, en la técnico-profesional del 211% y en la educación superior del 124%, y el analfabetismo se ha reducido al 10%. El número total de estudiantes, en todos los niveles, alcanza a una cifra aproximada a 3.000.000”; “se han cumplido los objetivos propuestos al haber perfeccionado a casi 60 mil profesores; haber hecho realidad la escuela básica de dos ciclos de 4 años cada uno; haber establecido en la educación media dos modalidades: la humanista-científica, que continúa o intensifica la educación general del nivel básico, y la técnico-profesional que, junto con su función educativa general, capacita para el desempeño de profesiones de mando medio requeridas por el desarrollo económico y social del país, como son las agrícolas, comerciales, industriales y de servicios y técnicas especializadas. Destaco que la matrícula en la enseñanza profesional sobrepasará este año los 100.000 estudiantes”.[xvii]
Luis Celis Muñoz, presidente de la Sociedad Chilena de Historia de la Educación, señaló en 2004 refiriéndose a los logros de esta Reforma: “De una matrícula de 1.725.302 estudiantes en todos los niveles del sistema educativo, en 1964, se avanzó a una matrícula de 2.477.254 alumnos en 1970 (43,5% de incremento en seis años). Para hacer posible este histórico salto se desarrolló un conjunto de políticas eficaces: se contrataron y capacitaron extraordinariamente 5.000 nuevos maestros para la educación básica y se incrementó la matrícula en los centros universitarios de formación docente; entre 1965 y 1967 se construyeron 1.145.000 metros cuadrados de edificación, a los que sumaron nuevas superficies en los años siguientes, dando un inédito promedio anual de 273.000 metros cuadrados. Hubo también un gran aumento en la provisión de textos y otros materiales. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas fue instalada en 1964 y promovió un notable conjunto de prestaciones y apoyos compensatorios, en alimentación escolar, becas y otros”.[xviii]
El 20 de abril de 1970 fue fundada la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) por el DL Nº 17.301. Allí se estableció que este organismo sería de carácter autónomo, pero quedaría bajo la dependencia del Ministerio de Educación. Y, por primera vez, se reconoció el trabajo de las educadoras de párvulos al señalarse en forma explícita que “la atención educacional en los jardines infantiles estará a cargo de educadores de párvulos”.
La Escuela Nacional Unificada (ENU)
El gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende, planteó un ”Sistema Nacional para la Educación Permanente en una Sociedad de Transición al Socialismo”, el que estaría basado en tres pilares básicos: educación permanente, educación social y educación planificada. “En 1971 propuso al país la Escuela Nacional Unificada (ENU). En esencia, planteaba un ciclo continuo de 12 años de educación general y politécnica para atender a niños y jóvenes entre 6 y 18 años de edad, con planes comunes, electivos y de especialidades”.[xix]
Se promovieron debates sobre el tema. Incluso la Revista de Educación Nº 43 – 46 del Ministerio de Educación abordó en profundidad este tema. Publicó, por ejemplo, el “Informe sobre Escuela Nacional Unificada” a consideración del Consejo Nacional de Educación, donde se señalaba que la ENU sería nacional, unificada, diversificada, democrática, pluralista, productiva, integrada a la comunidad, científica y tecnológica, humanista y planificada; variados discursos del ministro de Educación, Jorge Tapia, sobre la ENU; el debate y textos de los acuerdos del Consejo Superior de la Universidad Técnica del Estado sobre esta materia; entre otros.
En todo caso, el 11 de septiembre de 1973 terminó la discusión.
La municipalización de la enseñanza
Este cambio en el sistema de administración de la educación fue introducido en Chile durante la dictadura militar. El 2 de mayo de 1980, por el DFL N° 13.063 del Ministerio de Educación, se traspasó la administración de las escuelas y liceos desde el Ministerio de Educación a la comuna en la cual estaban ubicados. También se procedió a entregar la administración de los establecimientos de educación técnico-profesional a corporaciones u organismos privados.
Por otra parte, el 10 de marzo de 1990 –último día de la dictadura militar- se publicó en el Diario Oficial de Chile la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) N° 18.962, que fijó los requisitos mínimos que debería cumplir los niveles de educación básica y media. Asimismo, reguló el deber del Estado de velar por su cumplimiento y estableció normas para el proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.
4. “Ministerio de Educación” a secas
La Ley N° 18.956, promulgada el 22 de febrero de 1990, reestructuró el Ministerio de Educación Pública, que pasó a llamarse “Ministerio de Educación” a secas. Se crearon cuatro divisiones: División de Educación General (DEG); División de Planificación y Presupuestos (DIPLAP); División de Educación Superior (DES) y División de Cultura. Además de tres Departamentos: Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP); Departamento Jurídico; y Departamento de Administración General (DAG).
Es en este contexto -educación municipalizada y un Ministerio completamente reestructurado- que se produce el regreso a la democracia en 1990, asumiendo Patricio Aylwin como Presidente de la República y Ricardo Lagos como nuevo ministro de Educación.
Las principales leyes promulgadas en democracia desde entonces han permitido avanzar a pasos agigantados.
Si en el siglo pasado los desafíos apuntaban a ampliar la cobertura y universalizar la provisión del servicio educacional, los desafíos del siglo XXI son otros, entre ellos mejorar la calidad de la educación, innovando y modernizando los aprendizajes en la sala de clases.
En ese contexto ya se puso en funcionamiento la Nueva Educación Pública (NEP). La iniciativa legal que crea este nuevo sistema fue promulgada el 16 de noviembre de 2017 en el Palacio de La Moneda por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
El 24 de noviembre de 2017 (corresponde a la fecha de su publicación), la Ley N° 21.040 instaló una nueva institucionalidad para la Educación Pública en Chile. Es decir, a partir de ese momento nuestro país cuenta con una política de Estado que crea el “Sistema de Educación Pública”, en el que participan por una parte el Ministerio de Educación -a través de la Dirección de Educación Pública y los Servicios Locales de Educación- y por otra, los jardines infantiles VTF, escuelas y liceos que hasta entonces dependían de 345 municipios.
Es en ese contexto, donde se dispone la necesidad de traspasar estos establecimientos educacionales a los llamados Servicios Locales de Educación, los cuales pasan a ser los sostenedores educacionales con la misión de velar por una educación integral, de calidad y con pertinencia local, centrada en los aprendizajes que exige este siglo.
Para poner en marcha esto, se instaló la Dirección de Educación Pública, un servicio dependiente del Ministerio de Educación, a cargo de la coordinación y conducción de este sistema, de modo que cada uno de los Servicios Locales brinde una buena educación en todo Chile. Liderado en la actualidad por Alejandra Grebe, su misión es construir y consolidar un sistema local y nacional, cuyo foco sea desarrollar y fortalecer las capacidades de los establecimientos educacionales y sus ciclos de mejora educativa; expresado en la instalación gradual de una red moderna y articulada de Servicios de Educación Pública altamente profesionalizados.
Completo reportaje sobre la Nueva Educación Pública: en Revista de Educación N° 392, pronto en circulación.
Primero ministros, después Presidentes de Chile
A través de la historia del Ministerio de Educación, nos encontramos con que algunas de sus máximas autoridades llegaron a ser presidentes de la Nación. Es el caso de Federico Errázuriz Echaurren, quien en 1894 –durante el gobierno de Jorge Montt Álvarez- lideró esta cartera y dos años más tarde, el 18 de septiembre de 1896, fue designado Presidente de la República, cargo que desempeñó hasta su muerte el 12 de julio de 1901. Él contaba con una larga trayectoria política: opositor al gobierno de Domingo Santa María González, trabajó para el Presidente José Manuel Balmaceda, y fue su Ministro de Guerra y Marina en 1890.
Emiliano Figueroa Larraín, diputado por Victoria (1900-1903) y Melipilla (1905-1906), es otro caso a destacar. Durante la presidencia de Pedro Montt fue designado ministro de Justicia e Instrucción Pública en dos ocasiones: del 12 de junio al 25 de octubre de 1907 y del 15 de septiembre de 1909 al 6 de septiembre de 1910. Incluso asumió la vicepresidencia de la República -tras el fallecimiento del Presidente Pedro Montt Montt- y posteriormente entregó el mando al Presidente electo Ramón Barros Luco. Algunos años más tarde, sería él quien llegaría hasta La Moneda.
El 24 de octubre de 1925, Emiliano Figueroa triunfó en las elecciones presidenciales con el apoyo de liberales, conservadores, radicales y democráticos, obteniendo más de un 70% de los votos. Es así como en el período de diciembre de 1925 y de mayo de 1927, el otrora ministro de Justicia e Instrucción Pública ejerció el cargo de Presidente de la República de Chile.
Lo mismo sucedió con Pedro Aguirre Cerda, quien en 1918 lideró el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Y bajo el lema “Gobernar es Educar”, fue electo como Presidente de Chile el 25 de octubre de 1938, en una de las elecciones más ajustadas de la historia republicana: obtuvo el 50,26% de los votos, frente a un 49,33% de Gustavo Ross Santa María, su principal contendor. Se convirtió en el 23er. Presidente de Chile, cargo que desempeñó diciembre de 1938 y noviembre de 1941.
Una de sus iniciativas famosas fue la creación del programa de la “Defensa de la Raza y el Aprovechamiento de las Horas Libres”, destinado a promover las buenas costumbres y la instrucción de las masas obreras, a través de la construcción a lo largo del país de hogares de esparcimiento donde los trabajadores podrían acceder a programas de culturización y encuentro.
Finalmente, Ricardo Lagos Escobar, quien fue Presidente de Chile entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de marzo de 2006, previamente también ejerció como ministro de Educación: en marzo de 1990 fue nombrado en ese cargo por el entonces Presidente Patricio Aylwin y se desempeñó allí hasta 1992.
La figura de Diego Portales en la historia de la educación chilena
La instrucción primaria era un tema que al ministro Diego Portales le preocupaba. Sabía que existía mucha desigualdad al respecto y que era necesario aumentar la cobertura, mejorar la calidad de la enseñanza, contar con maestros idóneos y métodos adecuados. Para ello, encargó a los agentes de la República en las naciones extranjeras que visitaran y observaran los establecimientos educativos, particularmente las escuelas normales, y que informaran del método que se sigue en unas y otras. También les pidió que remitieran al gobierno una colección escogida de los libros que se ponían en manos de los niños para ejercitarlos en la lectura y en los otros ramos de enseñanza.
“La enseñanza primaria, como sucede más o menos en todas partes, está distribuida con bastante desigualdad sobre el territorio chileno; pero lo que a primera vista se extraña es que no sean siempre ni los departamentos más ricos, ni los más cercanos al centro de recursos de la capital los más favorecidos en este reparto. De todas las provincias de Chile, sin excluir la de Santiago, no hay ninguna en que sea tan grande la proporción entre el número de niños que reciben el beneficio de la enseñanza primaria, y el total de la población, como en la despoblada y lejana Valdivia; y acaso no hay en toda la República departamentos en que sea tan pequeña esta proporción, como en las de Caupolicán y Curicó. En las ocho subdelegaciones de la capital el número de los niños de ambos sexos que frecuentan las escuelas primarias forma como los dos tercios, y en todo el departamento de Santiago, como la mitad del término medio de la Francia; resultado que ciertamente deja todavía mucho que desear; pero que si se compara con nuestros progresos en otros departamentos sociales, si se tiene presente el punto de donde partimos, y el corto número de años en que la atención de las Cámaras, del Gobierno y del público ha podido consagrarse a este objeto, no debe parecer insignificante. Pero a muy corta distancia de la capital encontramos distritos que no tienen esta distribución toda la parte a que parecían llamarlos su situación y su riqueza; y no debemos disimularnos que una de las causas de la desigualdad que se observa en esta materia entre las varias secciones de la República, es la que existe en el espíritu patriótico de los habitantes. Bajo éste como bajo otros puntos de vista es digno de proponerse a la imitación de los pueblos chilenos el ejemplo de la ciudad de Talca, donde a pesar de los estragos del terremoto, el número de jóvenes que frecuentan las escuelas se ha duplicado de entonces acá, y presenta una proporción casi tan favorable como la de las ocho subdelegaciones de Santiago. Mas, aunque no en todas partes es igual el progreso y en ninguna sea bastante rápido para contentar el anhelo del Gobierno, cada año vemos ensancharse el ámbito que abraza en la masa del pueblo la educación primaria; cada año se levantan nuevos establecimientos de esta especie, y aun las clases ínfimas que no tuvieron la dicha de recibir estos primeros elementos de la educación intelectual, han comenzado a sentir su precio y se manifiestan solícitas de ver extendidos sus beneficios a la generación que ha de reemplazarlas. Es necesario acelerar este movimiento; y para lograrlo importa, no sólo que se multipliquen las escuelas primarias, sino también que se mejore en ellas la enseñanza, por medio de maestros idóneos, de libros elementales adecuados y de buenos métodos. Al efecto, se encarga a los agentes de la República en las naciones extranjeras que visiten y observen los establecimientos de esta especie y particularmente las escuelas normales; que den una noticia circunstanciada del método que se sigue en unas y otras, enviando sus reglamentos y cuanto pueda servir para formar idea de todos los pormenores de su organización; y que remitan además al Gobierno una colección escogida de los libros que se ponen en manos de los niños para ejercitarlos en la lectura y en los otros ramos de enseñanza, y de las obras religiosas y morales de más crédito, destinadas a la educación de uno y otro sexo”.
Su interés por las ciencias y las bibliotecas es digno de destacarse. Tal como señaló en su Cuenta al Congreso (Memoria del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, 1836):
“La falta de salas para un gabinete de historia natural, en que se depositen y estudien los objetos pertenecientes a sus varios ramos y de que ya poseemos una interesante colección, hace indispensable la construcción de un edificio capaz, aunque sobre el pie de la más estricta economía… El Gobierno ha creído que podría destinarse a ello el espacio que cubre los costados este y norte del Instituto Nacional… si la Legislatura aprobase este plan, el nuevo edificio contendría también en su seno a la Biblioteca Nacional, de manera que, formando ambos establecimientos uno solo con el del Instituto, fuesen accesibles a los individuos que se educan en éste; lo que evitaría la necesidad de una biblioteca particular, de que hasta ahora carece”.
Fuente: Fredy Soto Roa. “Diego Portales y la Educación”. Fredy Soto Roa 28 Pensamiento Educativo. Vol. 34 (junio 2004), pp. 28-49. Pág. 46 y 47.
Referencias bibliográficas:
[i] Fredy Soto Roa. “Historia de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 459./ Fredy Soto R. y otros. 160 años de Educación Pública. Historia del Ministerio de Educación. Editado por el Ministerio de Educación. Santiago de Chile, 1997. Pág. 15 y 16.
[ii] Fredy Soto Roa. “Historia de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 459.
[iii] Fredy Soto Roa. “Diego Portales y la Educación”. Fredy Soto Roa 28 Pensamiento Educativo. Vol. 34 (junio 2004), pp. 28-49. Pág. 43.
[iv] Fredy Soto Roa. “Diego Portales y la Educación”. Fredy Soto Roa 28 Pensamiento Educativo. Vol. 34 (junio 2004), pp. 28-49. Pág. 42.
[v] Fredy Soto Roa. “Historia de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 460.
[vi] Fredy Soto Roa. “Historia de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 461.
[vii] Fredy Soto Roa. “Historia de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 462.
[viii] Ley General de Instrucción Primaria. Descarga gratuita en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-74409.html
[ix] Sol Serrano, Macarena Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile (1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus, Chile, 1ª edición noviembre de 2012. Pág. 68, 458 y 459 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[x] Sol Serrano, Macarena Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile (1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus, Chile, 1ª edición noviembre de 2012. Pág. 459 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[xi] Sol Serrano, Macarena Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile (1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus, Chile, 1ª edición noviembre de 2012. Pág. 459 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[xii] Sol Serrano, Macarena Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile (1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus, Chile, 1ª edición noviembre de 2012. Pág. 69 y 458 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[xiii] Emma Salas Neumann. Seis ensayos sobre Historia de la Educación en Chile. Santiago de Chile, 1997. Pág. 45.
[xiv] Iván Núñez. Reformas Educacionales e Identidad de los Docentes. Chile, 1960-1973. Serie Histórica Nº 3. PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación). Santiago, enero de 1990. Pág. 99.
[xv] Jaime Caiceo Escudero. Un Esbozo para la Historia del CPEIP. Edición del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), Santiago, enero 1999. Pág. 37.
[xvi] Leyton, Mario (1970). La experiencia chilena: la reforma educacional, 1965 – 1970. Santiago: Centro de Experimentación, Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas. Citado en “Eduardo Frei Montalva: Un gobierno reformista. A 50 años de la “Revolución en Libertad”. Carlos Huneeus y Javier Couso (ed.), Editorial Universitaria, 2016. Art. “Democratizar y tecnificar la educación. La reforma educacional de Eduardo Frei Montalva”, de Cristián Bellei y Camila Pérez.
[xvii] Revista de Educación, Nº 24 y 25 (Nueva Época). Mensaje del ministro de Educación Máximo Pacheco en la inauguración del año escolar 1970. Santiago de Chile, marzo-abril 1970. Pág. 3 y 4.
[xviii] Luis Celis Muñoz, Presidente de la Sociedad Chilena de Historia de la Educación. Revista de Educación Nº 315, 2004. Pág. 49.
[xix] Fredy Soto Roa. “Historia de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 201.
