Historia

Ministerio de Educación: 178 años de historia, 178 años de servicio

05/11/15 por reveduc

Un recorrido por la trayectoria de esta institución, cuyos orígenes se remontan al gobierno de José Joaquín Prieto y a su primer ministro de Educación, Diego Portales Palazuelo.

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A partir de 1833 la educación en Chile comenzó a ser considerada una función de Estado en aquel año, la Constitución en su artículo 153, señaló que debía ser “atención preferente del gobierno”. Incluso se indicaba que el Congreso formaría un plan general de educación nacional, que nunca se concretó, y que el ministro correspondiente daría cuenta anualmente del estado de ella en toda la República.

Pero, ¿a partir de qué momento surge el Ministerio de Educación? Para responder a esta pregunta es necesario remontarse al 1º de febrero de 1837. En esa fecha, y en el marco del gobierno de José Joaquín Prieto (18 de septiembre de 1831 – 18 de septiembre de 1841), se dictó la primera Ley de Ministerios a partir de la cual el gobierno se organizó en cuatro: a) Interior, b) Justicia, c) Hacienda y d) Guerra. En esta ley se señaló expresamente que “el Ministerio de Justicia abraza este ramo, el de Culto y el de Instrucción Pública”.

 

Diego Portales, primer ministro de Educación

 

Figura controversial de la historia política chilena, que vio en la creación de la Confederación Perú – Boliviana una amenaza para Chile e impulsó la guerra contra ella, Diego Portales Palazuelos tuvo a su cargo varios ministerios, por ejemplo: Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. Además, durante el gobierno de José Joaquín Prieto, fue el primer Ministro de Educación –en estricto rigor, de Justicia, Culto e Instrucción Pública- que tuvo el país, hasta el año de su muerte, el 6 de junio de 1837.

Respecto a las funciones de esta secretaría de Estado, la primera Ley de Ministerios determinó que le correspondían, entre otras, las siguientes:

Cuanto condujere a promover y dirigir la instrucción y educación pública en toda la República; la inspección sobre todos los establecimientos de educación que existieren en el territorio de la República; la dirección, economía, policía y fomento de los establecimientos de educación, costeados con fondos nacionales o municipales; la autorización para abrir colegios, pensiones y demás instituciones de educación, en los casos en que fuere necesaria; la creación y conservación de los museos y bibliotecas públicas y de los depósitos literarios y de bellas artes; todo lo concerniente a las sociedades científicas, literarias o de bellas artes; todo lo relativo a viajes y expediciones científicas, introducción de literatos, profesores y grandes artistas en el país; todo lo relativo a imprentas, diarios, periódicos, revisión e introducción de libros, u otros objetos pertenecientes a ciencias o bellas artes, en el territorio de la República; los socorros, recompensas y pensiones que el Gobierno hallare conveniente conceder a los profesores públicos o particulares y demás literatos, por los servicios que hubiesen prestado en obsequio de la instrucción pública; la correspondencia con las universidades, colegios, sociedades o establecimientos científicos, y demás funcionarios y autoridades de la República, sobre objetos relativos a la instrucción pública”.

La instrucción primaria era un tema que al ministro Diego Portales le preocupaba. Sabía que existía mucha desigualdad al respecto y que era necesario aumentar la cobertura, mejorar la calidad de la enseñanza, contar con maestros idóneos y métodos adecuados. Para ello, encargó a los agentes de la República en las naciones extranjeras que visitaran y observaran los establecimientos educativos, particularmente las escuelas normales, y que informaran del método que se sigue en unas y otras. También les pidió que remitieran al gobierno una colección escogida de los libros que se ponían en manos de los niños para ejercitarlos en la lectura y en los otros ramos de enseñanza.

Su interés por las ciencias y las bibliotecas es digno de destacarse. Tal como señaló en su Cuenta al Congreso (Memoria del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, 1836):

”La falta de salas para un gabinete de historia natural, en que se depositen y estudien los objetos pertenecientes a sus varios ramos y de que ya poseemos una interesante colección, hace indispensable la construcción de un edificio capaz, aunque sobre el pie de la más estricta economía… El Gobierno ha creído que podría destinarse a ello el espacio que cubre los costados este y norte del Instituto Nacional… si la Legislatura aprobase este plan, el nuevo edificio contendría también en su seno a la Biblioteca Nacional, de manera que, formando ambos establecimientos uno solo con el del Instituto, fuesen accesibles a los individuos que se educan en éste; lo que evitaría la necesidad de una biblioteca particular, de que hasta ahora carece”.

Cabe señalar que el 15 de febrero de 1837, cuando Diego Portales aún era ministro de Educación, se firmó un Decreto con los requisitos de ingreso a esa repartición pública, que señalaba: “Para alcanzar la calidad de Empleado Público se requiere estar instruido en gramática y ortografía castellana y en la Constitución del Estado, y algunas de las principales lenguas vivas de Europa”.

A su muerte, Diego Portales fue sucedido por Joaquín Tocornal Jiménez (1837) y Mariano Egaña Fabres (1837-1840).

 

De Ministerio de Justicia e Instrucción Pública… a Ministerio de Educación Pública

 

El 21 de junio de 1887 se dictó la segunda Ley de Ministerios, que reorganizó los departamentos de Estado existentes hasta esa época, estableciendo los siguientes: Interior; Relaciones Exteriores y Culto; Justicia e Instrucción Pública; Hacienda; Guerra; y Marina. Además, se creó el de Industria y Obras Públicas.

Allí se señalaba que entre las funciones del ministerio de Justicia e Instrucción Pública, se encontraban:

“El desarrollo y fomento de la instrucción y educación públicas; lo relativo a la dirección, economía, policía y fomento de los establecimientos de educación costeados con fondos nacionales o municipales que no han sido atribuidos especialmente a otro Departamento, y la supervigilancia sobre todos los demás; la creación y conservación de los museos, bibliotecas públicas, observatorios astronómicos y meteorológicos, y de los depósitos literarios y de bellas artes”.

A partir de 1887 encabezaron esta cartera: Pedro Lucio Cuadra (1887-1888), Julio Bañados Espinosa (1888), Federico Puga Borne (1889), Isidoro Errázuriz Aldunate (1889- 1890), Luis Rodríguez Velasco (1890), Julio Bañados Espinosa (1890), Gregorio Donoso Vergara (1890), Rafael Casanova Casanova (1890), Ismael Pérez Montt (1890- 1891), Francisco Javier Concha Berguecio (1891), entre muchos otros.

El 30 de noviembre de 1927 se dictó la tercera Ley de Ministerios, que creó definitivamente el “Ministerio de Educación Pública”. La primera persona a cargo fue Eduardo Barrios Hudtwalcker, un dramaturgo y novelista chileno que años más tarde ganó el Premio Nacional de Literatura (1946).

Esta tercera Ley de Ministerios señaló, en su art. 1°:

”El Presidente de la República ejercerá el Gobierno y la administración del Estado por intermedio de los siguientes Ministerios: Interior; Relaciones Exteriores; Hacienda; Educación Pública; Justicia; Guerra; Marina; Fomento, y Bienestar Social (…)”.

En su art. 5°, estableció:

 

”Corresponde al Ministerio de Educación Pública:

  1. a) La administración y superintendencia de la educación del Estado, su fomento y desarrollo y la fiscalización de la enseñanza particular;
  2. b) El sostenimiento de las Universidades, Liceos, Institutos, Escuelas, Bibliotecas, Archivos, Museos, Observatorios Astronómicos, Sismológicos y Meteorológicos;
  3. c) Las relaciones con los colegios particulares;
  4. d) El fomento y desarrollo de las bellas artes, de la música, las letras y de la cultura general del país;
  5. e) La propiedad intelectual;
  6. f) La relación de la función educacional con las diversas actividades del país;
  7. g) Lo relativo a la conservación de los monumentos nacionales”.

 

Primero ministros, después Presidentes de Chile

 

 A través de la historia del Ministerio de Educación, nos encontramos con que algunas de sus máximas autoridades llegaron a ser presidentes de la Nación. Es el caso de Federico Errázuriz Echaurren, quien en 1894 –durante el gobierno de Jorge Montt Álvarez- lideró esta cartera y dos años más tarde, el 18 de septiembre de 1896, fue designado Presidente de la República, cargo que desempeñó hasta su muerte el 12 de julio de 1901. Él contaba con una larga trayectoria política: opositor al gobierno de Domingo Santa María González, trabajó para el Presidente José Manuel Balmaceda, y fue su Ministro de Guerra y Marina en 1890.

Emiliano Figueroa Larraín, diputado por Victoria (1900-1903) y Melipilla (1905-1906), es otro caso a destacar. Durante la presidencia de Pedro Montt fue designado ministro de Justicia e Instrucción Pública en dos ocasiones: del 12 de junio al 25 de octubre de 1907 y del 15 de septiembre de 1909 al 6 de septiembre de 1910. Incluso asumió la vicepresidencia de la República -tras el fallecimiento del Presidente Pedro Montt Montt- y posteriormente entregó el mando al Presidente electo Ramón Barros Luco. Algunos años más tarde, sería él quien llegaría hasta La Moneda.

El 24 de octubre de 1925, Emiliano Figueroa triunfó en las elecciones presidenciales con el apoyo de liberales, conservadores, radicales y democráticos, obteniendo más de un 70% de los votos. Es así como en el período de diciembre de 1925 y  de mayo de 1927, el otrora ministro de Justicia e Instrucción Pública ejerció el cargo de Presidente de la República de Chile.

Lo mismo sucedió con Pedro Aguirre Cerda, quien en 1918 lideró el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Y bajo el lema “Gobernar es Educar”, fue electo como Presidente de Chile el 25 de octubre de 1938, en una de las elecciones más ajustadas de la historia republicana: obtuvo el 50,26% de los votos, frente a un 49,33% de Gustavo Ross Santa María, su principal contendor. Se convirtió en el 23er. Presidente de Chile, cargo que desempeñó diciembre de 1938 y noviembre de 1941.

Él no sólo se preocupó de recibir y apoyar a los refugiados de la Guerra Civil Española, que arribaron en el barco Winnipeg a Valparaíso el 3 de septiembre de 1939. También puso especial énfasis en combatir la pobreza de su pueblo y fomentar la educación, creando escuelas y propiciando la apertura de trabajos para los profesores. En su discurso presidencial del 21 de mayo de 1939 señaló:

”Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud es necesario que sea: gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza; única, en el sentido de que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares; obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social; laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el período formativo”.

Otra de sus iniciativas fue la creación del programa de la “Defensa de la Raza y el Aprovechamiento de las Horas Libres”, destinado a promover las buenas costumbres y la instrucción de las masas obreras, a través de la construcción a lo largo del país de hogares de esparcimiento donde los trabajadores podrían acceder a programas de culturización y encuentro.

 

Impulso a la Reforma Educacional de 1965

 

El Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, se preocupó en forma prioritaria de la educación. Por esta razón, a sólo 15 días de asumir su gobierno, dio los primeros pasos para poner en marcha “El Plan Extraordinario de Educación”, que promovía cambios profundos con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente la educación pública.

En ese contexto surgió la “Reforma Educacional de 1965”, cuyo principal objetivo fue acelerar la ampliación de la cobertura escolar y a cargo del Ministro de Educación Pública, a Juan Gómez Millas, y a Patricio Rojas, como subsecretario de dicha cartera. Con el propósito de impulsarla y apoyarla, ellos en coordinación con la máxima autoridad del Estado decidieron concentrar las diversas instancias de perfeccionamiento que existían en la época e impulsaron la creación del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) que, por supuesto, dependería de este Ministerio.

“Yo recuerdo aquellos días díficiles. ¿Y dónde lo vamos a instalar? En cualquier parte, en las estrellas si es necesario. ¿Qué importa?”

 Estas palabras del visionario Juan Gómez Millas muestran cómo ya hace 45 años, había quienes soñaban con la apertura de un espacio que sirviera como instancia de encuentro y diálogo, al más alto nivel, para los profesores chilenos.

Así nació el CPEIP, por Ley Nº 16.617, el 31 de enero de 1967. Esta institución, que actualmente continúa en funcionamiento, se concentró en desarrollar actividades de perfeccionamiento para los docentes. ”La idea era impregnar a la mayor cantidad posible de maestros en los nuevos principios pedagógicos que impulsaba la Reforma de 1965; se tendía, a la vez, a que los profesores de lugares más apartados pudieran efectuar un autoperfeccionamiento con sus propios recursos locales y la asistencia técnica de los profesionales del Centro. En sus inicios, el perfeccionamiento del personal directivo fue un aspecto muy importante, pues como se abrieron muchas escuelas, se necesitaba capacitar rápidamente al personal que asumía la dirección de las mismas”[1].

El perfeccionamiento de personal técnico para el Ministerio de Educación fue otro de los aspectos relevantes con que inició sus actividades el Centro. ”Para ello se firmaron convenios de asistencia y recursos con diversas instituciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unesco, la Fundación Ford, Naciones Unidas y centros educacionales de otros países, como el del Instituto de Sévres de París (Francia). La educación necesitaba tener expertos importantes para su conducción a nivel del sistema, tanto en Chile como en el resto de los países latinoamericanos; por lo mismo, en el Centro se efectuaban cursos para preparar expertos en planeamiento de la educación, administradores, supervisores y otros especialistas con participación de alumnos y profesores de todo el continente. Chile se convertía, a través del CPEIP, en uno de los centros educacionales más importantes de la Región: llegaban profesores-alumnos provenientes de Costa Rica, Paraguay, Perú, Argentina, Panamá, Cuba, etc. a pasantías en nuestro país. Se efectuaba, a su vez, intercambio de expertos, becarios y materiales entre las diferentes instituciones del continente y de organismos internacionales especializados en educación”[2].

 

Cambios en las últimas décadas

 

La municipalización de la enseñanza, introducida en Chile durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, implicó un fuerte cambio en el sistema de administración de la educación. Lo fundamental de este proceso fue el traspaso de la administración de las escuelas y liceos desde el Ministerio de Educación a la comuna en la cual estaban ubicados y ello fue posible a partir del 2 de mayo de 1980, por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 13.063 del Ministerio de Educación. También se procedió a entregar la administración de los establecimientos de educación técnico profesional a corporaciones u organismos privados.

Por otra parte, el 10 de marzo de 1990 –último día de la dictadura militar- se publicó en el Diario Oficial de Chile la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) N° 18.962, que fijó los requisitos mínimos que debería cumplir los niveles de educación básica y media. Asimismo, reguló el deber del Estado de velar por su cumplimiento y estableció normas para el proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Ese mismo año, la Ley N° 18.956, promulgada el 22 de febrero, reestructuró el Ministerio de Educación Pública, que pasó a llamarse “Ministerio de Educación” a secas. Se crearon cuatro divisiones: División de Educación General (DEG); División de Planificación y Presupuestos (DIPLAP); División de Educación Superior (DES) y División de Cultura. Además de tres Departamentos: Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP); Departamento Jurídico; y Departamento de Administración General (DAG).

Es en este contexto -educación municipalizada y un Ministerio completamente reestructurado- que se produce el regreso a la democracia en 1990, asumiendo Patricio Aylwin como Presidente de la República y Ricardo Lagos como nuevo ministro de Educación. Al observar las acciones emprendidas por este gobierno y los tres que inmediatamente le sucedieron, liderados por Eduardo Frei – Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, podemos destacar algunas iniciativas que tuvieron impacto directo en el Ministerio de Educación y la educación en general:

  • En noviembre de 2005, con la firma del Presidente Ricardo Lagos, del Ministro de Educación, Sergio Bitar, y del subsecretario de Educación, Pedro Montt, se dictó el DFL N° 1 para establecer un texto refundido de la LOCE, con todos los cambios introducidos en los últimos 16 años. El DFL N° 1 fue publicado el 21 de febrero de 2006 en el Diario Oficial.
  • El 10 de abril de 2007, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, envió al Congreso un proyecto sobre Ley General de Educación, que buscaba reemplazar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) por la Ley General de Educación (LGE). El proyecto contemplaba modificaciones importantes en los procesos de admisión, currículum, y reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales.
  • En agosto de 2009 –durante el primer gobierno de Bachelet- se promulgó la Ley General de Educación (LGE), que dio origen a lo que se ha llamado “la nueva arquitectura del sistema educativo”, pues estableció las bases para la creación del “Sistema de Aseguramiento de la Calidad” que entraría en funcionamiento dos años después.

 

Nueva Arquitectura del Sistema Educativo

 

La Ley N° 20.529 que estableció el “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización”, actualmente vigente, se publicó y promulgó en agosto de 2011, en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Dicha normativa tuvo por fin elevar las exigencias a los establecimientos, inculcando una cultura de responsabilidad y transparencia a través de la rendición de cuentas y la entrega de información relevante para las familias y la comunidad, con el objetivo de mejorar las oportunidades de los alumnos, sobre todo la de aquellos menos favorecidos en su realidad social. El sistema se basó en los estándares mínimos de calidad que todos los establecimientos con reconocimiento oficial del Estado deben alcanzar.

Esta nueva institucionalidad se compone de cuatro entidades y una de ellas es justamente el Ministerio de Educación, que funciona como órgano rector, desarrollando las políticas del sector y elaborando las bases curriculares y estándares en los cuales se basa el Sistema de Aseguramiento y entregando asistencia técnico pedagógica a los establecimientos que lo requieran. También participa en esta nueva institucionalidad el Consejo Nacional de Educación, que reemplazó al Consejo Superior de Educación, al que le corresponde pronunciarse, en materia de educación escolar y parvularia, sobre el currículum, programas y planes de estudio, las evaluaciones en la que los alumnos chilenos participarán, los estándares de calidad y la metodología de ordenación.

Asimismo, se crearon dos nuevas instituciones: la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. A la primera le corresponde hacer las evaluaciones nacionales e internacionales, tanto a alumnos como establecimientos; evaluaciones indicativas de desempeño; elaborar y aplicar la ordenación de los establecimientos en base a los estándares de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad educativa, de la cual surgen consecuencias. La Superintendencia, en cambio, es quien fiscaliza el cumplimiento de la ley y el uso de los recursos por parte de los establecimientos, y aplica sanciones en caso de ser requerido, así como también recibe, investiga y resuelve denuncias.

Por otra parte, el 8 de febrero de 2011, en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se promulgó la Ley N° 20.501 de “Calidad y Equidad de la Educación”, que entregó mayores atribuciones a los sostenedores municipales, a través de toda la línea de responsabilidad (jefe DAEM, directores y directivos), acorde al diseño de un sistema escolar descentralizado y necesario para hacer exigibles resultados.

 

La Reforma Educacional 2014 – 2017

 

El segundo gobierno de Michelle Bachelet impulsa actualmente una Reforma que ha concentrado todos los esfuerzos del Ministerio de Educación y que apunta a hacer transformaciones de fondo en la educación chilena, mediante una serie de iniciativas y proyectos de ley que se enmarcan en cuatro ejes: institucionalidad que garantice el acceso a la educación y la seguridad a las familias; educación pública de calidad; una profesión docente moderna, dignificada y mejor remunerada; y una educación superior gratuita y de calidad.

La Presidenta de la República en su Discurso Presidencial del 21 de mayo de 2014 señaló:

”Tenemos razones éticas para llevar adelante esta Reforma, que se basa en el profundo convencimiento de que recibir una educación de calidad es el mecanismo más eficaz para reducir la desigualdad. La educación es un derecho social que no puede depender de los recursos económicos de los estudiantes o sus familias”.

Los principales logros hasta el cierre de esta edición son los siguientes:

  • Promulgación de la Ley de Inclusión Escolar (29 de mayo de 2015), que pone fin al lucro, la discriminación y el copago en el sistema educacional financiado con recursos públicos. Comenzará a regir de forma gradual a partir del 1 de marzo de 2016.
  • Aprobación del Proyecto de Ley de Plan Nacional Docente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (16 de septiembre de 2015), dejándolo en condiciones de ser revisado en particular por la Sala. El Gobierno ya anunció que repondrá el artículo que permite el pago de la asignación por tramo de los profesores, rechazado por la Comisión de Hacienda. Se espera que el proyecto –que tiene suma urgencia- sea revisado por la Sala luego del receso legislativo de septiembre, para luego iniciar su segundo trámite en el Senado.

 

“A través del prisma de la educación, hemos sido capaces de soñar en grande y vislumbrar un Chile más justo. Esa bandera la tomamos ahora entre todos”.

Michelle Bachelet, Presidenta de la República.

 

[1] Jaime Caiceo Escudero. Un Esbozo para la Historia del CPEIP. Edición del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), Santiago, enero 1999. Pág. 36.

[2] Jaime Caiceo Escudero. Un Esbozo para la Historia del CPEIP. Edición del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), Santiago, enero 1999. Pág. 37.

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