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Pablo Contreras y el “Diccionario Constitucional Chileno”: “ESTE LIBRO ES UNA HERRAMIENTA PARA LOS CURIOSOS, PARA LOS QUE QUIEREN COMPROMETERSE CÍVICAMENTE”

12/09/16 por reveduc

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El Diccionario Constitucional Chileno, actualizado al 31 de diciembre de 2015, es un texto fundamental no solo para educación cívica y para los estudiantes de Derecho, sino también para los ciudadanos que quieren saber acerca de la realidad de su país e intervenir en el debate constitucional actual. Para conocer más sobre este texto, de Editorial Hueders, conversamos con uno de sus autores, el abogado Pablo Contreras[i].

¿Por qué un Diccionario Constitucional Chileno? ¿Que misión cumple un texto de esta índole con 1.045 páginas?

En Chile nunca se había escrito un diccionario constitucional, existía un diccionario jurídico de otra naturaleza, mucho más específico, pero no un texto que tomase toda la Constitución y explicase en corto y sencillo de qué se tratan los conceptos que hay allí. Entonces, la necesidad de divulgación en clave ciudadana o pedagógica, no en clave académico – científica, responde a una carencia que percibimos rápidamente cuando decidimos escribir este diccionario.

La razón de este diccionario está dada, además, porque hoy como sociedad estamos discutiendo si queremos una nueva Constitución para nuestro país y nos faltan herramientas para esa conversación. En un momento de nuestra historia se acabó la educación cívica, pero ahora que vuelve y que el Ministerio de Educación está revisando los planes de formación, con mayor razón es necesario tener una especie de enciclopedia o silabario constitucional, que permita en simple, corto y fácil a un ciudadano que no tiene por qué saber de derecho, leer y aproximarse a los conceptos de la Constitución.

Entonces, esas dos carencias que observamos: por un lado, que no había un texto de esta naturaleza y por otro, que existía una demanda para poder familiarizarse con la Constitución, pues tenemos lagunas en nuestra formación como ciudadanos, fue lo que nos motivó a lanzar un texto de este tipo.

¿Y cómo fue hacerlo? Me refiero al trabajo en equipo, a la elección de ese equipo.

Esto surgió cuando con Gonzalo García, los dos somos profesores de la Universidad Alberto Hurtado, nos preguntamos cómo resolver un problema que encontramos en los estudiantes de primer año de derecho. Estamos hablando de jóvenes de 18 años, que venían con carencias desde la escuela, que no sabían conceptos fundamentales y nosotros teníamos que enseñarles derecho constitucional.

En esa disyuntiva, se nos ocurrió escribir un texto que resumiese los conceptos claves de la Constitución y cuando empezamos a hacer este trabajo, hace ya casi 8 años atrás, nos dimos cuenta que, primero, no había un libro de esta naturaleza. Segundo, esto no era útil solo para jóvenes de 18 años, sino también para otros profesionales, por ejemplo: periodistas, economistas, historiadores. Un diccionario permitiría tener un lenguaje intermedio entre la academia especializada que escribe papers científicos con criterios de indexación y un texto escolar que tiene otra lógica. En ese mundo intermedio, dijimos, hay un espacio para que hagamos un aporte. Tomamos la Constitución, artículo por artículo, inciso por inciso, número por número, vimos cuáles eran los conceptos claves y ahí empezamos a trabajar.

Al principio éramos Gonzalo y yo, con un grupo pequeño de ayudantes, quienes contribuyeron a sistematizar leyes, sentencias, historias. Con el tiempo, fuimos acumulando más de 550 conceptos, que incluso los textos científicos a veces no abordaban. Entonces, éste es un texto que le sirve no solo a quien podría estar en una escuela, aprendiendo en 3º o 4º medio sobre el Estado Chileno, sino también a un abogado que no tiene por qué ser un experto en derecho constitucional o a un cientista político que sabe mucho de ciencia política pero a quien se le escapan cuestiones jurídicas finas de cómo está estructurado nuestro Estado.

¿Y qué resumen esos 550 términos y las 434 definiciones que contiene este libro?

Desde el concepto de la persona, de libertad, de igualdad, de los deberes del Estado, hasta cuestiones que uno no se podría imaginar pero que están mencionadas en la Constitución: la cárcel, por ejemplo, cuál es el concepto de cárcel, cómo se regula en Chile. O el Tribunal Constitucional, qué es esa institución. A veces la gente escucha Ministerio Público y tiende a pensar: ¿este ministerio será lo mismo que otros ministerios, como el de Interior? Es bueno explicar eso que está en la Constitución, qué son todos estos conceptos, diferenciarlos y hacerlo en términos breves.

La idea era precisamente, en 550 conceptos, tomar aquellas palabras claves que están en la Constitución y que a veces no están bien desarrolladas. Desde los derechos -libertad de expresión, derecho de propiedad, libertad de conciencia, derecho a la vida-, hasta las instituciones como el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, el Congreso, las Cámaras, los diputados, la Contraloría. Uno escucha hablar de la Contraloría, pero no sabe qué hace la Contraloría. Aquí en cinco páginas, el lector se acerca a la realidad de una Contraloría.

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¿Cuántas páginas abarca una Constitución, específicamente la nuestra? Para hacerse una idea más concreta.

Depende de la edición, pero son más de 128 artículos, con disposiciones transitorias.

¿Y todo eso está desmenuzado en este Diccionario?

Claro, lo que pasa es que uno también tiene que tener claro que la Constitución no es solo un código con ciento y tantos artículos, sino que depende de qué han escrito los expertos al comentar esto, qué han interpretado los tribunales cuando la leen, porque todo eso afecta cómo entendemos los derechos.

Hoy no se puede entender el concepto de negociación colectiva si uno no lee los fallos del Tribunal Constitucional. Lo mismo pasa con el derecho a la educación, el Tribunal Constitucional al interpretar este derecho ha ido especificando aspectos del derecho. Entonces no basta solo con leer en la Constitución “derecho a la educación”, porque uno quiere saber qué comprende esto. Más allá de la extensión de la Constitución como código, con ciento y tantos artículos, es todo eso que se va desplegando.

Es como un abanico, pero que está cerrado…

Exactamente, el Diccionario lo que busca es estructurar los contenidos de esta extensión. Primero, da una definición, que ya es un paso porque entrega una síntesis de un concepto. Después, cuenta un poco la historia, hay términos que no se entienden si uno no lee algo de la historia constitucional.

Después, viene una explicación de la regulación constitucional y en algunos casos, una explicación de la regulación legal, que a veces es tanto o más importante para entender cuánto se ramifica un concepto. Por ejemplo, la Constitución dice: “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, pero uno inmediatamente se pregunta cuál es el concepto de familia que utiliza la Constitución. El Diccionario explica el concepto, cuenta de dónde viene este término, relata qué han interpretado los tribunales. También cuenta que las nuevas leyes han ido cambiando el concepto de familia: el año pasado se aprobó la Ley de Acuerdo de Unión Civil, eso permite entender cómo han ido evolucionando esos conceptos, cómo las leyes en ocasiones afectan de manera importante conceptos que en la Constitución aparecen expresados sin apellido.

¿Esto es como el lenguaje, una cuestión totalmente dinámica?

Si, dinámica… y en un contexto. Obviamente el Diccionario no tiene la pretensión de resolver todos los problemas, pero sí da una buena base para entenderlos. Esto es como cuando uno no entiende una palabra y va al Diccionario, ahí la lee y tiene un concepto. Yo no soy experto en física cuántica y probablemente si me meto a internet para entender sobre física, voy a llegar a Wikipedia o a alguna página de esa naturaleza, que me va a dar una aproximación, pero con eso me abre mundos para conocer otras cosas.

Hoy se habla de una nueva Constitución o al menos, cambios fundamentales en ella. Nos rige desde el 80.  ¿Cómo se hace eso, cuál es la vía?

El cambio constitucional es uno de los temas más difíciles que ha tocado en el último tiempo y hay distintos procedimientos para reformar una Constitución y cambiarla.

Desde el plebiscito…

Por ejemplo, claro. Las propuestas de la Presidenta son que haya una reforma constitucional o un plebiscito para consultar a la ciudadanía cómo quieren cambiar la Constitución, que haya una asamblea constituyente o una comisión bicameral, hay distintos mecanismos. El tema pasa por tener una discusión sobre cómo queremos resolver esto. El cómo cambiar la Constitución no se reduce solo a los procedimientos formales de modificación o de reforma, sino que también supone una conversación cívica sobre qué es lo que queremos como país. Esa conversación requiere de formación cívica, de actividades de divulgación, de que los profesores se acerquen a los estudiantes y las otras profesiones -ajenas a las ciencias sociales- pongan atención a estos temas.

El Diccionario está esencialmente concebido en tres dimensiones: conceptual, pedagógica e interpretativa.  ¿Podría explicar esto un poco más?

Veamos la conceptual. El primer objetivo de un diccionario siempre tiene que ser dar un concepto, por ejemplo, qué es el Presidente de la República, qué es una iniciativa de ley, qué es el quórum, etc. Hay definiciones que hace la ley, define qué es matrimonio, qué es un contrato, entonces ahí ponemos el concepto y lo explicamos.

También hay una dimensión pedagógica, que no se queda solo en el concepto, sino que busca darle un contexto que le dé sentido, indica los alcances, cuáles son los dilemas (no solo los problemas de interpretación, sino los políticos). Por ejemplo, si pensamos en el sistema electoral, está en juego la democracia representativa y eso es importante explicarlo al abordar ese concepto.

Los conceptos no son cosas que se escriben en piedra, sino que puntos de partida para tener un lenguaje común y conversar sobre problemas que nos atañen a todos. Entonces, la parte pedagógica implica ir más allá de un concepto y entregar herramientas para comprenderlo mejor.

La parte interpretativa dice relación con que los conceptos en las ciencias sociales y en derecho no son neutros, no son a – valorativos. Hay una dimensión de interpretación, una fase normativa de cómo obtener un concepto y en eso el diccionario no busca clausurar la discusión interpretativa, sino abrirla y mostrar cuáles son las posiciones en juego, qué es lo que han dicho las cortes, por ejemplo, al interpretar el derecho a la vida, qué es lo que se les ha criticado. La dimensión interpretativa busca mostrar esas aristas, no dar una interpretación única y cerrada.

¿Es útil este Diccionario para consulta o  base de quienes promueven una nueva Constitución?

Este Diccionario pretende ser una herramienta para todos aquellos que queremos intervenir en el debate constitucional. Que el mundo del derecho, del código, de los artículos, de los acápites, no sea una cerca hermética que nos aleje de las discusiones políticas que como ciudadanos tenemos que tener. Entonces, este texto no solo está pensado para el estudiante, de educación media o universitario, sino para el ciudadano, para quien quiera saber la realidad de su país, para quien quiere saber cómo evaluar a sus representantes en las decisiones que toman. Que no sea una excusa que el lenguaje de los expertos, en este caso el lenguaje de los abogados, es una barrera para que no podamos tener discusiones ciudadanas.

¿Ha habido muchos cambios legales y jurídicos en las últimas décadas? ¿Cómo afecta eso a la ciudadanía?

Los cambios pretenden adaptarse a las nuevas realidades sociales, las leyes van cambiando precisamente con ese objeto. Hace 12 años no existía una ley de divorcio en Chile, recién el año pasado se estableció la ley de acuerdo de unión civil, etc. Entonces, por un lado, estos cambios van adaptándose según la sociedad chilena va cambiando, pero también hacen más complejos los ámbitos políticos.

Este Diccionario no está pensado para un experto de un nicho, sino que entrega una mirada panorámica sobre conceptos constitucionales, sobre el Estado de Chile, sobre los derechos de las personas.

¿Una Constitución puede volverse obsoleta? ¿Cuál es la dinámica de una Carta Fundamental?

Sí, hay varios ejemplos comparados de cambios de Constitución. Si los ciudadanos no la sienten como propia, una Constitución se vuelve obsoleta, no en el sentido de que los poderes políticos no tomen decisiones, lo siguen haciendo y las normas se aplican, sino en la distancia que se produce entre los ciudadanos y esa Carta Fundamental que supuestamente debería albergar los principios, valores e instituciones fundamentales de esa comunidad política. Ahí hay un tema de obsolescencia y en esto no bastan las meras reformas. La Constitución de 1980 es la más reformada de la historia de Chile, y uno observa que hay una distancia entre lo que ahí se regula y lo que las personas parecieran expresar con sus valores y principios y cómo ven sus derechos con las instituciones estatales.

¿Quién o quiénes velan por los derechos ciudadanos? ¿Quién los defiende?

Los derechos de las personas se defienden a través de distintas instituciones. No solo los tribunales deben defender los derechos de las personas. Cuando el Ejecutivo desarrolla una red de salud para dar acceso a prestaciones, lo que está haciendo es materializar y acercar el derecho a la salud; cuando el Ministerio de Educación tiene una red de escuelas, cuando fija los lineamientos para hacer efectivo el derecho a la educación, ahí es el Poder Ejecutivo el que está promoviendo y protegiendo ese derecho.

Hay otras instituciones que colaboran en un esfuerzo más complejo y entenderlo así también supone entender qué hacen esas entidades. Por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos, el SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer), el Consejo de la Infancia, el Servicio Nacional de la Discapacidad.

La estructura de protección de derechos es más compleja que la mera protección de tribunales y entender eso requiere también saber un poco más del Estado, que no es solo el Presidente de la Republica, involucra distintos organismos con competencias para proteger a las personas.

¿Dónde aparecen los deberes ciudadanos y qué pasa si éstos no se cumplen?

La Constitución tiene algunos artículos de deberes ciudadanos, y además cada derecho conlleva un deber, ¿en qué sentido? Si tengo libertad de conciencia eso significa que un tercero está obligado a  no violar lo que yo creo, la religión que profeso, etc. Si soy musulmán no puede ser que alguien intolerante viole mi derecho a  profesar esa religión.

La explicación de los deberes está en las relaciones de los mismos derechos y en los deberes específicos, por ejemplo, las cargas públicas son deberes con la comunidad: el deber de pagar impuesto, el deber del servicio militar, el deber de ser vocal de mesa. Algunos de ellos están en la Constitución, otros en las leyes, eso se explica en el Diccionario.

¿Cuál es la relación entre Constitución y ética?

Este es uno de los temas más complejos para las sociedades contemporáneas, es precisamente lo que estudia Jürgen Habermas a propósito de como explicar mínimos de eticidad en sociedades funcionalmente complejas y moralmente diferenciadas. En ese concepto las sociedades contemporáneas tienen desafíos porque los individuos tienen distintos proyectos de vida y miradas sobre cómo observan la vida en comunidad; una Constitución lo que hace es fijar un mínimo de eticidad respecto de cuáles son los valores, principios, deberes y de cómo eso se debe articular en la comunidad política. Obviamente una Constitución no agota la moralidad pública, pero fija aquello que es necesario para entendernos como ciudadanos y cómo nos entregamos recíprocamente derechos, deberes, obligaciones, cargas, cómo distribuimos los recursos de una sociedad.

¿Qué espera Ud. que sea la contribución de este Diccionario, que sale a la luz en momentos de cambio y por qué no decirlo, de crisis política y social?

Tengo una esperanza modesta. Este es un libro que tiene como motivo ser una herramienta para los curiosos, para los que quieren comprometerse cívicamente. Busca dar una mano a aquellas personas, que sea fácil para ellos sortear algo que antes estaba reservado para una elite, para algunos pocos. Mi único objetivo, mi pretensión en esto, es esa apertura, que las personas puedan abrir el Diccionario y encontrar cosas que necesitaban o a partir de eso emprender nuevos rumbos. Así, el día de mañana alguien que, por ejemplo, fue detenido ilegalmente podrá entender sus derechos o un estudiante comprenderá por qué no se aprueban leyes en tal o cuál sentido. Ese conocimiento es un punto de partida para tomar decisiones informadas y proponer nuevas ideas.

Lo único que pretendemos es dar conocimiento básico a todos: al periodista que tiene que cubrir un juicio de desafuero y que necesita entender qué está en juego; al economista para que comprenda cómo se tramita la ley de presupuesto; al activista de derechos humanos para que sepa cuáles son las garantías de los derechos, etc. Que un profesor no tenga que comprar un tratado de derecho constitucional para comprender cómo se hacen las leyes en Chile, sino que pueda tomar cinco conceptos y explicarlo en fácil a sus alumnos, ése es el objetivo.

Por último, ¿pueden los docentes, a nivel escolar, ayudar a la formación ciudadana?

Los profesores no solo pueden, sino que tienen el deber ético de transmitir valores democráticos en la formación. En esa línea, este material también esta pensado para ellos, que a veces se ven sobrecargados de trabajo, que encuentran pocos espacios y textos para profundizar conocimientos. Lo que buscamos con este libro es acercar conocimiento especializado en derecho constitucional a cualquier docente.

 

[i] Pablo Contreras es abogado  y licenciado en ciencias jurídicas y sociales (summa cum laude) de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Durante sus estudios de pregrado, fue honrado con diversas becas en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Fue merecedor de la Beca de Excelencia Académica, la beca “North-South Legal Exchange Program” (Loyola University Chicago), la beca de intercambio Loyola College in Maryland y el premio al mejor licenciado de su promoción.

Es Magíster en Gobierno y Sociedad (summa cum laude), por el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado y Master of Laws (LL.M. with honors) con mención en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por Northwestern University. Actualmente es candidato a Doctor en Derecho (S.J.D.) por Northwestern University.

Actualmente, se desempeña como Jefe de Normativa y Regulación en el Consejo para la Transparencia. Anteriormente, fue Consultor Legal Senior, coordinando el área de Estado de Derecho, Justicia y Seguridad, de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur. Asimismo, fue asesor jurídico del Ministerio de Defensa Nacional. Se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión de Estudios para la Reforma de la Justicia Militar. Ha asesorado en la creación de proyectos de ley y la implementación de nuevas políticas públicas aplicables al sector. Ha realizado consultorías sobre materias legislativas y de políticas públicas al Ministerio del Interior y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Ha publicado columnas de opinión en medios de comunicación como Ciper y El Mostrador.

 

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